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BIENES RELIGIOSOS

Lluis Puig declarará desde Bélgica por desobediencia en el litigio de los bienes de Sijena

La titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Huesca cita para el próximo día 20 la toma de declaración al exconseller a través de videoconferencia

 

El exconseller Lluís Puig, en la Delegación del Govern en Bruselas. - BLANCA BLAY (ACN)

EFE
10/06/2019

El exconseller de Cultura catalán Lluis Puig, huido de la justicia española tras el fracaso del Procés, se ha ofrecido a declarar por videoconferencia ante el juzgado de Huesca que instruye contra él una causa penal por su negativa a facilitar la devolución de los bienes del Monasterio de Sijena (Huesca).

En una diligencia hecha por la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Huesca que instruye la causa contra Puig y su antecesor en el cargo, Santi Vila, por presuntos delitos de desobediencia y de prevaricación, la magistrada cita para el próximo día 20 la toma de declaración al exconseller a través de videoconferencia.

En su diligencia, la juez hace referencia al ofrecimiento de declaración hecha por el 'Premier substitut du procureur de Roi du Parquet de Bruxelles' (Primer Fiscal Adjunto del Rey de la Fiscalía de Bruselas), con la propuesta de que se lleve a cabo el próximo día 20.

La denuncia fue interpuesta por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y a ella se sumó la fiscalía de Huesca al entender que de la conducta de ambos responsables políticos catalanes podrían derivarse responsabilidades penales.

Santi Vila compareció con su letrado ante la juez oscense en abril del año pasado y manifestó que la sentencia que le obligaba a devolver los bienes de Sijena depositados en el Museo de Lérida le planteó un "conflicto" entre las leyes catalanas y las resolución judicial que le apercibía a entregarlos.

La orden de devolución se derivó de la sentencia del Juzgado de Instrucción nº 1 de Huesca que resolvió que los bienes eran del Monasterio de Sijena y debían de volver a su lugar de origen.

La presunta desobediencia imputada a los exconsellers obligó a la ejecución forzosa de la sentencia, con la intervención de la Guardia Civil para llevar a cabo la salida de los bienes del Museo de Lérida.

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