"Las mujeres embarazadas no cuentan con ayudas ni asistencia social en este país y eso sí que es una vergüenza". Así lo explicó Marcos Lizarde, portavoz de la Plataforma Ciudadana por la Vida en Aragón que criticó la falta de casas cuna y medios económicos para proteger a este colectivo "que muchas veces se ve abocado al aborto". Según datos de la DGA, el 67% de las mujeres que abortaron en el 2003 es inmigrante. "Si les dieran asistencia social y cobertura sanitaria, muchas de ellas optarían por tener a su hijo", añadió Lizarde, que denunció que sólo el 1% de los abortos se realiza en centros públicos. "El 99% sólo sirve para enriquecer a clínicas privadas", zanjó.
