Actualmente en Aragón hay unas 300.000 cerdas reproductoras, animales cuyo único fin es parir lechones para regenerar la cabaña porcina. Hasta el 2002, las leyes españolas ignoraron su bienestar y permitieron que su hábitat se redujera a unos minúsculos compartimentos individuales. En noviembre de ese año, el Gobierno de España, saturado por las ordenanzas europeas, reconoció el derecho de estas cerdas a vivir en grupo y a contar cada una con un espacio de 2,25 metros cuadrados --las más experimentadas-- y 1,64 metros --las primerizas--.
Antes del 1 de enero del 2013, todas las granjas de madres gestantes debían pasar de las jaulas individuales a los corrales, una medida que ha obligado a realizar gigantescas inversiones. "Entre 85 y 100 millones para adaptar el sector porcino aragonés a la normativa", aseguran desde la Asociación Nacional de Productores Porcinos.
A tres kilómetros de Blancas (Teruel) tiene su granja de cerdas reproductoras Miguel Ángel Blanco, responsable del sector porcino de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón UAGA. Al no ampliar los metros cuadrados de su explotación, este ganadero se ha visto obligado a reducir el número de animales: De 160 a 115. El principal objetivo del decreto era evitar el estrés que podían sufrir las cerdas. Algo que, según Miguel Ángel Blanco, no se está consiguiendo ya que, al juntarlas, las cerdas pelean más entre sí: "hasta que no se establece una jerarquía entre ellas, no tienen bienestar", asegura el responsable de UAGA.
Más trabajo
Otra de las consecuencias negativas que destacan las asociaciones de ganaderos nacionales y regionales es el aumento del trabajo en las granjas: "Antes, al tenerlas en espacios individuales, el seguimiento del embarazo era más fácil. Ahora, tienes que buscar al ejemplar que quieres en un grupo de 35 animales", señala F. A., propietario de una granja con 3.000 cerdas reproductoras en un pueblo de la comarca de los Monegros. Las granjas de cerdos españolas tuvieron un plazo de once años --del 2002 al 1 de enero del 2013-- para reformar sus explotaciones agrarias, pero la mayor parte de ellas esperaron hasta el último momento para acometer las reformas. Por ejemplo, en junio del 2012, el 70% de las granjas aragonesas de reproductoras que debían adaptarse aún no lo habían hecho.
"Viendo que las explotaciones no llegaban a la fecha límite, el Gobierno central no tuvo más remedio que aprobar un decreto de flexibilización, en octubre del 2012", explica Alberto Díez, portavoz de la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales. A grandes rasgos, lo que establece este decreto es que los ganaderos insumisos pueden evitar las multas enviando a las distintas consejerías un documento con lo que tienen pensado hacer para adecuarse.
I. E., propietario de una explotación con 2.400 cerdas reproductoras, cerca de Belchite, reconoce que acabó las remodelaciones hace poco. "La Administración está teniendo manga ancha con el tema de los plazos", asegura. Este ganadero ha empleado medio millón de euros en reformar su nave y construir otra para los animales que no caben en la antigua. Y todo ello sin recibir ni una sola subvención por parte del Estado o la DGA. Desde la Federación Aragonesa de Cooperativas Agroalimentarias informan de que se han repartido algunas ayudas a través de los fondos para la modernización de instalaciones, "pero no han cubierto ni por asomo los 60.000 euros de media que han tenido que desembolsar las granjas aragonesas".
