Los 33 sindicatos representados en las administraciones públicas reclamarán ante los tribunales el cobro de la paga extra de Navidad del 2012 por entender que no es legal la suspensión decretada en las medidas de ajuste tomadas el pasado mes de julio por el Gobierno. Esta iniciativa se suma a las adoptadas en las últimas semanas por varios gobiernos autonómicos --Extremadura, Navarra y País Vasco-- para evitar que sus empleados públicos vean recortado aún más su poder adquisitivo.
La iniciativa sindical tendrá una doble vía. Se presentará un conflicto colectivo en la Audiencia Nacional, competente para el personal laboral, y otra por la vía de lo Contencioso-Administrativo para el personal con rango de funcionario, que tendrá carácter individual. Ambas demandas se presentarán en enero una vez que se haya hecho realidad que los funcionarios no han recibido la extra de Navidad.
Los sindicatos consideran que esta paga "no es un regalo sino un derecho" que forma parte del cómputo global de sus retribuciones. Tienen dudas de que el decreto de Rajoy sea legal porque se aprobó en julio cuando los empleados públicos ya habían adquirido derechos sobre una parte de esa retribución.
El secretario de acción sindical de CSIF, el aragonés Eliseo Moreno, indicó que "cuando se agote la vía colectiva" comenzarán los recursos individuales presentando un recurso por cada sector de afectados.
