Antonio Losilla, preso por el asesinato y descuartizamiento de su mujer, Pilar Cebrián, en Ricla, afronta un embargo por valor de 250.000 euros para pagar las posibles indemnizaciones en el futuro juicio, incluídos a sus hijos, que hasta ahora han defendido su inocencia. El magistrado del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 2 de Zaragoza, José Luis Martínez, ordenó a Losilla que depositase el dinero el pasado 19 de mayo, y al no lograrlo en un día procedió a embargar sus bienes.
La cifra también estaba pensada para compensar a la Administración Pública por los gastos de la búsqueda del cadáver de su mujer, para la que se han organizado amplios dispositivos policiales. Por ejemplo, la búsqueda con maquinaria militar en un pozo de tanteo de la CHE, en Mularroya, o la práctica por primera vez en España de la prueba P-300 o test de la verdad a Losilla, en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. Todas ellas han resultado infructuosas, lo que no impide juzgarle por homicidio.
