El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha asegurado este miércoles en las Cortes de Aragón que si el proyecto de ley de financiación local establece un "hecho diferencial" al municipio oscense como capital de provincia, se da "por satisfecho".

Felipe ha hecho esta afirmación en el marco de un trámite de audiencias legislativas solicitadas por el PP sobre el referido proyecto de ley en el que también han comparecido los alcaldes de Lidón (Teruel) e Illueca (Zaragoza) y el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Luis Zubieta.

En respuesta a una pregunta del parlamentario popular Miguel Ángel Lafuente sobre si mantenía su petición para Huesca de una ley propia como Zaragoza tras la negativa del Gobierno aragonés a esta posibilidad, Felipe ha condicionado su apoyo al texto legal al reconocimiento de un trato diferencial para la ciudad.

Sin embargo, ha informado a renglón seguido, de su decisión de no renunciar a que Huesca "pueda tener un trato diferencial como el de Zaragoza" como capital de provincia y centro de desarrollo económico para el liderazgo de proyectos de ámbito provincial.

El responsable municipal ha reivindicado un marco de autonomía financiera para las entidades locales que garantice una estabilidad en las aportaciones recibidas desde la administraciones así como su continuidad en el tiempo.

Ha considerado un "error" que Huesca fuera considerada como cabecera de comarca, y ha incidido en la necesidad de que la capital altoaragonesa "juegue un rol distinto" en el territorio y esté "a la cabeza" de los procesos de transformación y cambio que se produzcan en el conjunto de la provincia.

Felipe ha valorado todas las aportaciones recibidas del Gobierno aragonés para la adquisición de los terrenos necesarios para la ampliación del acuartelamiento Sancho Ramírez o para dotaciones sanitarias, aunque ha advertido que estas dotaciones "no pueden depender de las buenas o malas relaciones con el ejecutivo de turno".

Ha defendido, además, un principio de autonomía municipal sustentado en la autonomía financiera de los entes locales, antes de incidir en la necesidad de que las aportaciones del Ejecutivo regional no sean de carácter finalista, para obras determinadas previamente.

En su opinión, "no hay nada peor que se intente tutelar a una administración local, porque siempre hay una tentación de ver a los ayuntamientos como administraciones subsidiarias de segunda categoría que al final hacen lo que otros no quieren hacer".

Previamente han comparecido los alcaldes de Sangarrén, Vicente Ciria; Illueca, Ignacio Herrero; y Lidón, Joaquín Justes, quienes han coincidido en la necesidad de que el proyecto de ley aragonesa de financiación local fuera aprobada en el menor plazo de tiempo posible.

El responsable municipal de Sangarrén, población de 250 habitantes, se ha referido a las dificultades a las que se tiene que enfrentar su ayuntamiento para hacer frente a imprevistos, y al retraso del Gobierno aragonés en el pago de las subvenciones, que obligan al municipio a contratar operaciones de crédito "costosas".

El primer edil de Illueca, tras advertir que su municipio había perdido 300 habitantes en la última década hasta quedar en 3.000, ha destacado a su vez que las políticas impulsadas contra la despoblación no pueden afrontarse sin una financiación estable y con garantías a los municipios.

En este contexto, y en respuesta a una pregunta del parlamentario de Ciudadanos Javier Martínez sobre la necesidad de las diputaciones provinciales para mejorar la situación financiera de los municipios, el alcalde de Illueca ha considerado la labor de estas instituciones como "imprescindible", tanto en inversiones como en asesorías.

El turno de intervenciones ha concluido con la comparecencia del presidente de la FAMCP y alcalde de Zuera, Luis Zubieta, quien ha reclamado para las entidades locales una financiación "automática, previsible, incondicionada y no dependiente del gobierno autonómico de turno".

Ha destacado que la FAMCP ya respaldó meses atrás de forma unánime el proyecto de ley de financiación local, que pese a tener un "suelo" financiero "importante", no contempla el hecho de que los ayuntamientos hayan asumido "muchas competencias impropias".