Un tribunal popular juzgará a partir del lunes al exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), Ricardo García Becerril, y al exviceconsejero de Obras Públicas de Aragón Carlos Esco por cohecho y malversación en la compra de los terrenos de un kartódromo para integrarlos en esta plataforma.
La Audiencia Provincial de Zaragoza juzgará si hubo un concierto de voluntades entre estas dos personas y Santiago Becerril, quien también figura como procesado por cohecho y malversación y es esposo de la propietaria de los terrenos de un antiguo kartódromo (circuito de karts) que era el terreno que se compró, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
El fiscal pide diez años de cárcel para Esco, quien fue consejero delegado de Plaza en la época del socialista Marcelino Iglesias al frente del Gobierno de Aragón, y otros tantos para Ricardo García Becerril, seis por malversación y cuatro por cohecho.
Además, pide para cada uno de los acusados 15 años de inhabilitación absoluta para empleo y cargo público por malversación y 10 años de inhabilitación, además de 700.000 euros de multa por cohecho.
Para Santiago Becerril, el fiscal pide 4 años de prisión, uno por malversación y tres por cohecho, con la circunstancia atenuante de confesión.
Según la versión de la Fiscalía, la sociedad Plaza, participada en un 51 por ciento por la Diputación General de Aragón (DGA), adquirió en 2004 por 6,3 millones de euros una finca en Zaragoza donde se ubicaba un antiguo kartódromo.
El fiscal sostiene que Plaza entregó presuntamente este dinero en tres pagarés distintos a Santiago Becerril, quien extrajo en efectivo del banco, también en tres veces, más de 660.000 euros.
El Ministerio Público explica que estos hechos, relativos a las entregas de dinero en efectivo a Ricardo García Becerril, que posteriormente se repartió con Esco, fueron puestos de manifiesto de forma espontánea por Santiago Becerril en una comparecencia ante la policía a la que había sido citado como testigo.
Todo ello ocurrió presuntamente en perjuicio de la sociedad Plaza que se presenta en el caso como acusación particular, al igual que el Gobierno de Aragón.
La finca, adquirida por 6,3 millones de euros, ha sido pericialmente valorada en 2,3 millones de euros, según la fiscalía.
Como responsabilidad civil pide para Ricardo García Becerril y Esco que indemnicen con 4 millones de euros a Plaza, y para Santiago Becerril, como responsable solidario, el pago de 600.000 euros.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) celebró el pasado 5 de octubre una vista previa en la que decidió que el caso lo viera un tribunal popular.
