El archivo definitivo de la causa por el escrache al expresidente de la DGA --y diputado en el Congreso por el PP-- Santiago Lanzuela, que salió a la luz pública anteayer, coincidiendo con el de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cerró por completo los procesos penales abiertos en Aragón contra estas prácticas. Siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, los jueces aragoneses han acabado apoyando, invariablemente, que estas manifestaciones están amparadas por la libertad de expresión, con límites "más amplios" cuando se refieren a personalidades públicas.

El Juzgado número 2 de Teruel ha archivado la causa por la protesta, aunque el diputado insiste en que se atentó "contra su honor", al haber asegurado uno de los dirigentes de Stop Desahucios en Teruel, durante la protesta ante su casa de Cella, que cobraba 1.800 euros en dietas. "Yo no cobro irregularmente nada", mantiene. También aseverá que se trató de una "coacción".

Igual que la querella de Lanzuela quedó en nada, antes fueron eximidos de responsabilidad penal los conocidos como los 51 de Zaragoza, identificados en el escrache frente a la casa del concejal popular Eloy Suárez, el pasado 9 de abril.

Este caso es, de hecho, el único que aún colea de estas movilizaciones. Uno de los portavoces de Stop Desahucios en Zaragoza, Pablo Híjar, aún se defiende administrativamente de la sanción de 1.500 euros impuesta por la subdelegación del Gobierno en Zaragoza.

El pasado mes de mayo, el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, ya mostró su disgusto con estas expresiones, que consideraba que pretendían "intimidar, acosar y coaccionar" a los cargos públicos para que "cambiaran sus legítimas opiniones". Se refería en ese caso a la tupperprotesta frente al domicilio de la consejera de Educación, Dolores Serrat, cuya vía judicial también acabó. En primer lugar fue rebajada a falta, y terminó en absolución al no presentarse la consejera en el juicio para mantener la acusación.

Algo similar está ocurriendo con las movilizaciones sociales de otro cariz, como los disturbios derivados de las últimas huelgas generales o las manifestaciones de mareas y colectivos.

Quizá para paliar esta aparente impunidad, el Gobierno ha impulsado la conocida Ley Mordaza, que se centrará más en atacar el bolsillo. Tras el revuelo organizado con algunas de las sanciones propuestas ya se rebajó un tanto, y la Fiscalía del Estado ha revelado puntos polémicas que podrían desdibujarla aún más, como considerar grave manifestarse encapuchado.