El Gobierno de Aragón ha aprobado el proyecto de ley de Organización y Uso Estratégico de los Contratos Públicos de Aragón que completará la regulación estatal en la materia.
El objetivo del proyecto es “establecer medidas orientadas a hacer un uso eficiente y estratégico de los contratos públicos para el desarrollo de políticas públicas”, entre las que destacan las de corte social, medioambiental o de fomento de la innovación, han informado fuentes del ejecutivo autonómico en un comunicado tras la celebración del Consejo de Gobierno.
El Gobierno de Aragón tomó conocimiento del anteproyecto de ley el pasado 6 de marzo y durante el periodo de información pública no solo han aportado mejoras al texto el Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad de Zaragoza y las organizaciones sindicales UGT y CC.OO, sino que también se solicitó informe al Foro de Contratos Públicosy a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, entre otros.
El texto final de la ley desarrolla la legislación básica estatal en materia de contratación pública y se ajusta al sistema de competencias que reconoce el Estatuto de Autonomía, tal y como han sido interpretadas por el Tribunal Constitucional.
La norma autonómica incluye una serie de medidas encaminadas especialmente a la protección de los trabajadores de las empresas adjudicatarias de contratos públicos, así como al fomento de la participación de las pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos.
En este sentido, la norma recoge una garantía de “indemnidad salarial” para los trabajadores de las empresas contratistas, “blindando” sus condiciones de trabajo, de manera que no puedan empeorar durante la ejecución del contrato. El incumplimiento de dicha obligación habilitará a la entidad contratante para la imposición de penalizaciones o incluso para la resolución del contrato.
Además, se habilita a los órganos de contratación para controlar el pago efectivo de los salarios a los trabajadores.
Por lo respecta a la mejora del acceso de pymes y autónomos a los contratos públicos, la norma incluye medidas para certificar su participación en los contratos, lo cual servirá para que abandonen la condición de subcontratistas y progresivamente pasen a ser contratistas principales.
Además, se habilita la posibilidad de pago directo a subcontratistas y proveedores, sin necesidad de que el pliego de cláusulas administrativas particulares tenga que contemplar tal posibilidad.
