Seis meses antes de que Vanesa M. P. recuperara la custodia de sus tres hijas, entre ellas la pequeña Laia de 2 años, esta mujer reconoció ser víctima de malos tratos. Lo hizo ante una patrulla de la Policía Local de Zaragoza, si bien prefirió luego no ratificar la denuncia en el juzgado porque quería recuperar a las niñas. Su agresor, según explicó, era su actual pareja, Cristian L. V. Ambos pasaron ayer la primera noche en el centro penitenciario de Zuera como supuestos autores de la muerte violenta de la menor en el Picarral el pasado jueves por la noche.

Los hechos que podrían haber cambiado el trágico final de esta historia tuvieron lugar un 25 de febrero del 2020. Eran sobre las 13.00 horas cuando en plena calle Antonio Leyva, del zaragozano barrio Oliver, donde una patrulla se encuentra a la joven de 29 años. Según pudo saber EL PERIÓDICO, los agentes consideraron que «estaba refugiándose», así que se acercaron a ella a preguntarle qué le pasaba. La mujer, nacida en Palma de Mallorca, les manifestó que había tenido una fuerte discusión con su pareja, que se intercambiaron insultos y que «es una situación que se viene reiterando en el tiempo, ya que ella no tiene familia en Zaragoza y está siendo amenazada tanto por su novio como por los padres de él con dejarla en la calle porque no tiene otro sitio al que ir». También explicó que en el momento de abandonar el domicilio su pareja le ha agarrado de la mano fuertemente hasta el punto de provocarle unos rasguños por los que llegó a ser trasladada al hospital provincial por los propios policías que le asistieron inicialmente. Todo ello ocurre con su bebé de tan solo dos meses en brazos.

Tras relatarle estos hechos, Vanesa M. P. les dijo que no iba a ratificar la denuncia que estaba haciendo en el juzgado porque «temo que esto pueda perjudicar en los respectivo a la custodia de mis tres hijas fruto de una relación anterior». A pesar de ello, los policías municipales enviaron el atestado al juzgado y trataron de buscar al sospechoso, pero ella no les quiso decir cuál era su paradero. Ya en sede judicial, la joven rechazó seguir adelante, por lo que el juez archivó la causa. No había testigos ni pruebas en las que poder agarrarse para seguir de oficio.

En agosto consiguió que un juzgado de Gerona le devolviera a las menores cuya custodia le habían retirado durante dos años. Los Servicios Sociales de Gerona habían emitido informes negativos al igual que hicieron posteriormente los de Aragón en el mes de octubre ante la negativa de los padres a participar o responder a cualquiera de los múltiples requerimientos que se les habían hecho, llegando a acudir a la Fiscalía, tal y como publicó este diario. El ministerio público tampoco lo consiguió, ya que no fueron a la cita judicial que se había marcado el 18 de diciembre.

El padre biológico de Laia se presentó ayer ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza para personarse como acusación particular. También consiguió una autorización judicial para poder ver a su hija en el Instituto de Medicina Legal de Aragón. Tras ello pudo ver a la menor cuya autopsia no ha finalizado.