El Gobierno de España anunció ayer en Consejo de Ministros que recurre ante el Tribunal Constitucional la modificación de la ley de salud aragonesa aprobada por unanimidad en las Cortes el pasado mes de diciembre y que permitía la convocatoria de una oferta pública de empleo extraordinaria de casi 1.500 plazas sanitarias.

El Ejecutivo central adopta esta decisión ante lo que entiende una «extralimitación competencial» de Aragón, es decir, el Estado entiende que la medida adoptada por la DGA excede sus competencias y que no puede sacar estas plazas porque no están dentro de la tasa de reposición que marcan los Presupuestos Generales del Estado. Por ello, Madrid solicitará además la suspensión de la norma para evitar que salgan esas plazas a concurso público.

La ley en cuestión es la 12/2016 del 15 de diciembre, presentada por el PSOE y aprobada por unanimidad en las Cortes de Aragón -también el PP dio el visto bueno al cambio- y que permitía al Ejecutivo autonómico aprobar ofertas públicas de empleo con carácter excepcional y extraordinario que correspondan a «plazas ya existentes, dotadas presupuestariamente y ocupadas por personal interino».

EVENTUAL A INTERINO

La modificación perseguía la «consolidación y estabilización» del personal del Servicio Aragonés de Salud y de las empresas públicas y entes de carácter sanitario. Así, el Gobierno autonómico quedaba habilitado para convocar 1.483 plazas -de conversión de personal eventual en interino, tal y como Sanidad se había comprometido con los sindicatos- en una convocatoria no fundamentada en la tasa de reposición ordinaria.

De hecho, la DGA aseguró ayer que respeta la decisión del Ejecutivo central pero considera que la ley «cumple la legalidad, puesto que en la oferta se incluían unicamente plazas ya existentes, dotadas presupuestariamente y ocupadas por personal interino y la convocatoria no supone un incremento de gasto de personal».

De hecho, había previsto convocar la próxima semana la oferta de empleo para especialistas con todas las plazas acumuladas -las de 2014, 2015, 2016 y la extraordinaria-. En principio, la orden se publicará así en el BOA aunque, presumiblemente, Sanidad tendrá que enviar posteriormente una rectificación y suprimir esas casi 1.500 plazas de la convocatoria extraordinaria.

ESPERANZA

Si hay nuevos presupuestos del Estado y se elimina definitivamente la prohibición de sacar plazas por encima de la tasa de reposición, estas plazas podrían volver a ofertarse, aunque esto solo depende ya del Gobierno central. Precisamente, este indicó ayer que la DGA «no ha aceptado» convocar la comisión bilateral de cooperación con el Estado que prevé la ley del Tribunal Constitucional para negociar y evitar el recurso.

La medida anunciada por el Gobierno central fue acogida con sorpresa entre los sindicatos médicos aragoneses. Estos llevaron a cabo una convocatoria de huelga para el 23 de enero ante la no inclusión de esas 1.483 plazas en la oferta del Salud.

Por ello, la Administración se vio obligada a acelerar el proceso al máximo y, a menos de 48 horas para la conclusión del 2016, el Gobierno de Aragón aprobó en un Consejo de Gobierno extraordinario la oferta de empleo con la inclusión de esas plazas. «En su momento, los informes jurídicos nos alertaron de que la OPE no podía ser completa porque contradecía lo que dictaba la Ley de Presupuestos del Estado. Desde entonces, hemos buscado una solución», dijo entonces el consejero Sebastián Celaya.