Zaragoza es consciente de que no puede seguir impidiendo trabajar en el cementerio de Torrero a las funerarias que no tengan la licencia que exige su ordenanza municipal. Hay una ley de rango superior, denominada de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) que liberalizó el sector de las pompas fúnebres y una normativa local no puede hacer de cortapisa a su cumplimiento. Este es el mensaje que desde el Gobierno central se ha empezado a remitir, según ha podido saber este diario, a todos los ayuntamientos en los que se han detectado problemas.
Al parecer, ya en diciembre se notificó la necesidad de modificar la ordenanza, dando un plazo de seis meses, que finalizó en junio. Y en la ciudad no ha cambiado, ni el texto, ahora pendiente de aprobación y en fase de consensuar precisamente aspectos como este con el sector, ni en la práctica, ya que hay funerarias que tienen que seguir subcontratando a otras que sí tienen licencia para trabajar en el complejo municipal.
En el caso de la capital aragonesa, son dos las funerarias que lo han denunciado, en los tribunales y a través de la Asociación Española de Funerarias, que ya está preparando una ofensiva judicial contra todas aquellas administraciones que estén incumpliendo la ley que liberalizaba el sector. Apuntan, las fuentes consultadas por este diario de la citada asociación, a un presunto delito de prevaricación, al estar flanqueando la norma a sabiendas de que no pueden hacerlo. Y contra el propio Ejecutivo central por consentirlo.
