Las máquinas ya han entrado en los antiguos juzgados de la plaza del Pilar de la capital aragonesa ante el asombro y el enfado del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), que ven confirmado el inicio de la reconversión de este espacio en el corazón de la ciudad, en desuso desde el 2013, sin que se haya pactado con el consistorio el reparto de los metros cuadrados que este reclamaba. Y que pactó con el Gobierno aragonés en el 2017. Así, mientras el Ejecutivo autonómico anunciaba el comienzo de la primera fase de los trabajos, adjudicados a la empresa Urbamed Infraestructuras por un importe de 1.090.879 euros, desde el ayuntamiento instaban al presidente Javier Lambán a «pedir disculpas» a los ciudadanos en el próximo debate sobre el estado de la comunidad, por hurtarles la posibilidad de tener un centro cívico en esas mismas dependencias al no haber cedido todavía los metros cuadrados que le reclama ZeC.
«La cesión de los juzgados era un compromiso de Lambán con el ayuntamiento y con sus apoyos parlamentarios para aprobar el presupuesto de la comunidad del 2018, y ahora lo está incumpliendo. Le está impidiendo a las entidades vecinales de Zaragoza disponer de este espacio», argumentó el portavoz de ZeC y responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, en declaraciones a este diario.
Esta primera fase de las obras consistirá en acondicionar el edificio donde se ubicaban los antiguos juzgados para adecuar las instalaciones de cara a que el próximo mes de enero, el año que viene, se pueda trasladarse allí la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y sus 141 funcionarios. Así, se actuará en el sótano, la escalera y el ascensor, para adaptarlos a la normativa de protección contra incendios, el aislamiento interior para mejorar la eficiencia energética, y se sustituirá el sistema de climatización ya obsoleto.
MÁS TRABAJOS
También se llevarán a cabo actuaciones para hacer completamente accesible el edificio, con la eliminación de barreras arquitectónicas, incorporación de nuevo equipamiento y la instalación de un aseo adaptado en cada planta. También se realizará la apertura de ventanas en la planta primera para transformar las antiguas salas de vistas en espacios de trabajo y se acondicionarán algunas de ellas para ubicar el servicio de información y aulas de formación.
Cuando concluyan todas las fases, el edificio albergará la sede del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales con todas sus secciones, excepto el Instituto Aragonés de la Juventud que permanecerá en su sede de la calle Baltasar Gracián. Se trasladarán casi 500 funcionarios y unos 100.000 usuarios pasarán cada año por sus instalaciones.
