Probablemente pocos pueblos aragoneses tendrán la tasa de litigiosidad por habitante de Manchones, que con su escaso centenar de habitantes vive inmerso en pleitos entre la saga familiar de los últimos alcaldes, dos de ellos condenados -por prevaricación y delito electoral, y otro investigado por esta última infracción- y un grupo de vecinos díscolos. El último capítulo de esta penosa historia judicial ha sido la absolución de uno de ellos, acusado de agresión por otra vecina. La jueza señala en la sentencia que no solo no hay pruebas, sino que «no se descarta que la denunciada se produjera las lesiones y luego simulara su estado de nerviosismo» para señalarle.

Porque a la jueza le consta, recoge en el fallo, la «enemistad manifiesta» que hay entre el denunciado y la denunciante. Esta es pareja de un empleado municipal, primo del alcalde, Francisco Pardillos, y denunciado junto a él por falsedad documental y delito electoral. Y en este proceso, el denunciado es testigo. Ambos, junto con el anterior primer edil (y también primo), Jesús Ángel Bernal y otra decena de personas, están siendo investigados por hinchar el censo del municipio, con familiares y amigos, para garantizarse la conservación del poder municipal.

La jueza no solo se basa en este precedente, sino en el análisis forense. La mujer había denunciado que, en las pasadas fiestas de la localidad, cuando se iba a casa, el denunciado la abordó y la cogió del cuello. Sin embargo, las heridas que presentaba eran de uñas. Y las marcas en las manos las atribuyó a golpear la pared, no le parecen a la juzgadora propias de un «reflejo» natural al ser agarrada del cuello. Además, le extraña que, en fiestas, con tanta gente, nadie oyese nada.

La sentencia no descarta pues los «motivos espurios» que pudieran haber llevado a la mujer a autolesionarse e «incriminar en falso» al testigo en su proceso por delito electoral, para desacreditarle. Esta investigación judicial es la segunda para Francisco Pardillos, que ya fue condenado por lo mismo, empadronar a votantes que no vivían allí, como reconoció ante el juez. Fue condenado a una multa de menos de 2.000 euros y seis meses de inhabilitación, siendo sustituido por su primo Bernal. Pero, cumplida su inhabilitación, vuelve a ser alcalde.

Ambos mantuvieron vivo, además, otro de los procesos derivados de su particular guerra vecinal, iniciado por su antecesor en el cargo, y también familia, Jesús Pardillos. Este se empeñó en no permitir la construcción de una granja de pollos de otro vecino, con diversas maniobras como denegaciones de licencia por motivos que no eran de su competencia y parálisis de obras, que acabaron con su condena por prevaricación (incluída una cuantiosa indemnización para el afectado) y su abandono del cargo.

Sus familiares continuaron la batalla, y el consistorio siguió litigando contra la concesión de licencia por parte del Inaga. El consistorio fue condenado también a pagar las costas por su «temeridad y mala fe» por señalar una caducidad de licencia que él mismo había provocado. El consistorio recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que rechazó su recurso y volvió a condenarle a pagar las costas, hasta 1.500 euros.