Históricamente los ayuntamientos han sido un poder enfrentado al resto de los poderes, incluido el poder real. La autoridad moral de la que han estado arropados les ha permitido desarrollar unas funciones que, con frecuencia, sobrepasaban sus competencias formales.
En la historia reciente de España, tras la desaparición del franquismo y la convocatoria de elecciones municipales, accede al poder local una nueva generación, ilusionada con la modernización de un país con décadas de retraso respecto a la sociedad europea. Los nuevos ediles se encuentran con una administración anquilosada, sin proyectos. Los ingresos a duras penas permitían pagar a los funcionarios y era, o eso les parecía, una sueño plantear políticas inversoras para crear infraestructuras básicas.
Todas las corporaciones, independientemente de su partido, se dedicaron a buscar las fuentes de financiación. No tarda mucho en aprobarse la Ley de Financiación de las Corporaciones Locales, y los gobiernos autónomos y las diputaciones provinciales articulan proyectos de cooperación que ayudan a los ayuntamientos en su modernización.
Cuando se llevan a la práctica las políticas inversoras aparece el problema de los municipios que no tienen población para mantener determinados servicios y, en algunos casos, ninguno. ¿Cómo podemos conseguir que todos los aragoneses disfruten de los servicios básicos? ¿Es posible mantener un ayuntamiento que no puede prestarlos? ¿Cuál es la población mínima para mantener un ayuntamiento? Son algunas de la preguntas ya formuladas.
El Gobierno de Aragón presentó a las Cortes un proyecto de Ley de Comarcalización que fue aprobado en el mandato del 95-99. En la siguiente legislatura se desarrollaron, con más o menos acierto, treinta y dos comarcas y se les transfirió un primer paquete de competencias.
La valoración de esta primera fase creo que es positiva, sin perjuicio de las modificaciones pertinentes y la necesidad de reconsiderar algunos puntos, como el proceso de financiación de las competencias ya delegadas. En estos momentos todos nos planteamos la continuidad del trabajo, pero no me parece mala idea dar tiempo para su consolidación antes de iniciar la siguiente fase.
Quedaba pendiente de desarrollo la Comarca 33, formada por la ciudad de Zaragoza y los diecinueve pueblos de su entorno. El año pasado, en una reunión con el vicepresidente del Gobierno Autónomo, el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, hizo unas declaraciones que compartimos las poblaciones del entorno "A la capital no le interesa la comarca de Zaragoza. Se pueden estructurar las relaciones con el entorno mediante consorcios u otro sistema jurídico".
En aquellos días nos reunimos también alcaldes de estas localidades todavía sin comarcalizar, y comenzamos a organizarnos para estructurar el entorno de la capital. Hoy, catorce meses después, estamos preparando la constitución de la Mancomunidad Central de Zaragoza (provincia). Una de las múltiples formas de solucionar las dificultades legales para constituir la comarca sin Zaragoza.
La clave de las comarcas y de la Mancomunidad Central de Zaragoza es que hay personas que consideran la comarcalización un proceso de distribución del poder, cuando es un proceso de ordenación del territorio. En los próximos encuentros electorales se procederá a la distribución de poder por su legítimo titular: el pueblo.
