El sindicato de funcionarios Manos Limpias, tras lograr ser admitido como acción popular en el caso La Muela, se ha propuesto ahora personarse también en el caso Plaza --sobre los presuntos sobrecostes y desvíos de dinero de 80 millones en las obras de urbanización de la plataforma logística-- y el caso Caladero, por el aumento de 3,2 millones de euros en la obra de una nave de esta empresa en el polígono. Para ello ha remitido sendos escritos a los juzgados de instrucción 1 y 3 de Zaragoza, que investigan, respectivamente, ambas tramas.

En el caso Caladero compartirían la acción popular con UPD, a cuya abogada se negaron a responder anteayer tanto Carlos Escó como Santiago Coello, los exaltos cargos de la DGA imputados en la causa.

Entre las presuntas tramas de corrupción actualmente vivas en los juzgados aragoneses les quedaría personarse en la pieza de Codesport, en la que declara hoy --ante el Juzgado de Instrucción número 5-- el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, por el sobreprecio de 17 millones en la construcción de una nave en la plataforma.

Pero no es la única acción relacionada con procesos judiciales aragoneses que la entidad ejecutará en los próximos días. La semana que viene, según explicó un portavoz, presentarán ante la Sala II del Tribunal Supremo una querella --por "diversos delitos"-- contra Marcelino Iglesias, en su condición de expresidente del Gobierno de Aragón, así como contra otros altos cargo del Gobierno PSOE-PAR en la época en las que se cometieron las presuntas irregularidades investigadas en la operación Molinos. Lo acordaron tras la última reunión del órgano de decisión del sindicato.

Entre los cargos denunciados estarían el exviceconsejero de Obras Públicas --y exconsejero delegado de Plaza-- Carlos Escó, su superior como consejero, Javier Velasco, el exvicepresidente del Gobierno, José Ángel Biel, el exconsejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné o el exconsejero de Industria, Arturo Aliaga.

En su vertiente judicial, también actuarán contra el fiscal provincial de Zaragoza y la fiscala que actuó durante la instrucción de la operación Molinos.

El portavoz del sindicato eludió dar muchos detalles sobre los motivos de la querella, que aún están preparando, pero la "documentación confidencial" a la que han tenido "acceso" parece ir en la línea de los escritos que ha presentado recientemente el abogado de Carmelo Aured, César Ciriano, para pedir la nulidad de las actuaciones y la libertad de su cliente.