El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, advirtió ayer, en el pleno de las Cortes, que las últimas decisiones de los tribunales, en la que ordenan el mantenimiento del concierto en siete aulas que el ejecutivo pretendía dejar de concertar, van a costar a las finanzas aragonesas en torno a 10 millones de euros. Eso supone, añadió Lambán en respuesta a una pregunta que le ha formulado el presidente del PP, Luis María Beamonte, la construcción de dos escuelas públicas.

«Y eso sí que es despilfarrar recursos públicos», consideró.

Beamonte le preguntó por si su Gobierno ha considerado «alguna alternativa diferente a la fractura, para respetar la libertad de las familias» y para llegar a un gran pacto educativo.

El presidente se refirió en su contestación a la decisión de los jueces de ordenar el concierto en las aulas en las que se pretendía eliminar, que el Ejecutivo justificaba en el resultado del proceso de escolarización y en el ejercicio de sus competencias en materia de planificación de los recursos públicos.

Aunque las cautelarísimas dictadas por los jueces lo han sido en el «libérrimo ejercicio» de sus competencias, Lambán lamentó que «impidan» al Gobierno tomar decisiones, por ejemplo, en un centro donde el 95% de los alumnos viven a más de tres kilómetros de distancia o en otro donde sólo hay cinco alumnos matriculados en primero de Infantil. «En otro tiempo, la justicia decía que debía de prevalecer la planificación administrativa a la hora de reordenar los recursos», recordó Lambán, quien sugirió que esta premisa podría ser «un buen punto de partida» para pergeñar el pacto educativo.

Y es que, agregó, si en materia educativa hay que replantear la oferta porque disminuye la demanda, los poderes públicos no deberían «renunciar a sus propios recursos y sí a concertar con privados», como es el caso.

Igualdad de condiciones / Lambán rehusó, por otro lado, que las decisiones de su Gobierno estén causando una fractura social, algo que sí que achacó al anterior Ejecutivo PP-PAR, que cerró «indiscriminadamente» aulas públicas, al mismo tiempo que las abría concertadas, que despidió a mil docentes y que recortó «brutalmente» los presupuestos.

Además, el presidente aseguró que en materia educativa lo que debe de prevalecer es el ejercicio de la potestad de planificar de la Administración, para garantizar la prestación del derecho en igualdad de condiciones y garantizar la libertad de elección. «En toco caso, esta

no debe de estar muy vulnerada cuando más del 95% de los niños han obtenido la plaza educativa que sus familias solicitaron en primera opción», dijo.

Sin embargo, para Beamonte estas decisiones sobre la concertada «fracturan a la sociedad y hacen daño a las familias y a la escuela pública». Primero se «condicionó» la libertad de elección y después se tuvo la «osadía» de castigar a las personas que salieron a la calle, y todo por un «chantaje» planteado por Podemos para apoyar los presupuestos. «Esperamos recuperar el tono de normalidad y llegar a un escenario donde el pacto sea posible».