El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado los tres recursos de reposición interpuestos contra su decisión de fijar en un millón de euros la caución para aplicar las medidas cautelares que implican la paralización de cualquier demolición mientras se resuelve el contencioso por la catalogación de la vieja fundición de Zaragoza. El magistrado había ordenado que no se hiciera nada en un plazo de dos meses que finaliza el 14 de abril, para darle tiempo a la Asociación Pública en Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) para depositar esa cantidad y proseguir con el litigio.

Ni la anulación que pedía esta, ni la ampliación a 3.775.000 euros que le solicitaba Grupo Brial, la constructora que quiere levantar 200 pisos en esos suelos; ni los 5,5 millones que exigía la propia Averly, S.A., que es la parte de la venta que le falta por cobrar, en una operación que cerró por ocho millones y por la que ya percibió 2,5.

El juez, en su auto firmado el pasado martes, considera evidente el perjuicio que causa esta paralización al proyecto de Brial, sin entrar en la cuestión de fondo de si la catalogación establecida por la DGA es justa o no. Porque detiene su actividad, ya que no puede demoler las naves que no entran en la catalogación, y Urbanismo tiene suspendido el expediente sobre el plan especial para iniciar su proyecto de urbanización y la edificación de unos pisos con los que finiquitar la compraventa --aunque el juez admite que no tendría por qué pararlo--. Y porque está obligado a realizar unas labores de conservación sobre unos edificios que, lo dice en su auto, están muy deteriorados e iban a ser demolidos, por lo que el gasto podría ser innecesario si la sentencia les diera la razón.

Por eso el juez le niega al juez a Apudepa la eliminación de esta caución, que esta pide amparándose en que es una asociación cultural declarada de utilidad pública.