Una marca comercial dando nombre a un edificio público siempre es un asunto polémico, pero las diferencias entre qué tipo de equipamientos se patrocinan o los valores que aporta la empresa seleccionada obliga a ser escrupulosos y que esta sea socialmente aceptada por la ciudadanía. Una cuestión con la que ya trabaja Estación Central de Autobuses, sociedad que gestiona el espacio con ese mismo nombre en Zaragoza y que está coparticipada por el Gobierno de Aragón, con un 15%. La DGA es conocedora de esta intención y «nunca ha puesto reparos cuando se ha comentado en el consejo de administración». Así que los responsables de la terminal confían en cerrar la firma de un acuerdo «este mismo año si es posible».
Así lo aseguró a este diario el responsable de la estación, Íñigo Laín, que admitió que está «en negociaciones con varias empresas nacionales», tal y como adelantó ayer EL PERIÓDICO, y explicó que esta operación en la que se está trabajando «tiene una doble finalidad: una parte económica que ayudará al mantenimiento de la terminal y otra de imagen, ya que la que ofrezcamos ambos, la estación y la empresa, repercutirá en el otro». De esta manera, el posible acuerdo económico se acompaña de un compromiso social por darle más vida al recinto y acercarlo más al zaragozano. «No se trata solo de rotular la fachada, sino abrir la puerta a que podamos acoger presentaciones o algún tipo de eventos como showrooms o catas abiertas al público», argumentó.
«Nuestro objetivo es cerrar un acuerdo este mismo año, lo antes posible», reiteró Laín, quien además destacó la aceptación que está teniendo esta propuesta fuera de las fronteras de Aragón, y no tanto entre las grandes firmas de la comunidad. Algunas de ellas ya han declinado su ofrecimiento, a pesar de que «nuestra prioridad siempre ha sido que el nombre de la estación se vinculara a un símbolo reconocible de la tierra», expuso. Aún así, el responsable de la explotación de la terminal garantizó que la empresa escogida «será reconocible por todos y dará prestigio a la estación».
Sin embargo, aún le quedan asuntos por tratar para que esta idea se pueda llevar a cabo. Por ejemplo comunicárselo al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que es el propietario último del edificio de la intermodal de Delicias, aunque el Gobierno aragonés obtuviera la cesión de este espacio para la explotación como estación de autobuses centralizada en Zaragoza. Fuentes oficiales del gestor ferroviario respondieron que «no se puede hacer ninguna valoración al respecto porque no ha llegado ninguna propuesta».
Laín, sin embargo, apuntó que a él, en alguna ocasión, ya le han «mostrado sus dudas sobre si se puede poner una marca comercial en el interior» del edificio. No en vano, la terminal de autobuses tiene rótulos en la fachada exterior que da a la avenida Ciudad de Soria y dentro de la intermodal, en la zona de los andenes.
Por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, el alcalde, Jorge Azcón, rehusó hacer valoraciones ayer «sobre cómo gestionan sus edificios otras administraciones públicas». Y tampoco adelantó si este tipo de operaciones comerciales las aplicaría él a edificios de titularidad municipal. Y en la DGA, el nuevo responsable de Transportes, el director general Gregorio Briz, tendrá que ser quien lidie con este debate cuando finalmente se produzca la firma con la empresa seleccionada.
Sin embargó, Laín destacó que la estación central de autobuses tiene «muchas potencialidades para ser un reclamo» en el mercado publicitario, lleva «tres años consecutivos creciendo en el número de viajeros» y dando beneficios en su actividad. Por lo que esta operación no va dirigida a cubrir pérdidas o a enderezar las cuentas de explotación. De hecho, cada anualidad, según las cifras oficiales hechas públicas, rondan cada año los 250.000 euros, para el reparto de dividendos entre los socios, entre ellos el Gobierno de Aragón, que ingresa por esta actividad más de 37.000 euros por beneficios y 150.000 fijos por el canon anual.
«No podemos hacer nada que vaya contra el interés de la estación», apostilló Laín, quien garantizó que se descartan firmas dedicadas a una actividad insalubre o dé mala imagen, como los juegos de azar».
