La Marcha del Ebro alcanzó ayer su meta: la desembocadura del río al sur de la provincia de Tarragona. Allí, las 20 personas que han realizado el recorrido desde Cantabria, unidos a grupos locales que se oponen a la sobreexplotación del tramo final del cauce, realizaron un balance de la acción reivindicativa.
Pedro Arrojo, de Rapa (Red del Agua Pública de Aragón), una de las entidades organizadoras, manifestó que se había cumplido el objetivo de la iniciativa: «Mostrar a los residentes de las poblaciones atravesadas por el Ebro que se ha puesto en marcha una nueva estrategia trasvasista basada en el mercadeo del agua».
Arrojo subrayó que los contratos de cesión, una herramienta legal concebida por el primer Gobierno de Aznar para épocas de sequía extrema, se pueden aplicar en la actualidad sin respetar los condicionantes con que nacieron.
«Con esta nueva estrategia trasvasista, basada en el mercadeo de caudales, los trasvases se pueden realizar si necesidad de preverlos en la planificación hidrológica y sin siquiera someterlos a las pertinentes evaluaciones de impacto ambiental», afirmó.
La Marcha del Ebro, que empezó el pasado 10 de abril, ha recorrido todos los puntos de la cuenca donde existen o se han producido problemas, entre ellos la central nuclear de Garoña, en Burgos, que está definitivamente cerrada desde agosto del 2017 tras haber agotado su vida útil. En la Rioja, se visitaron las presas de Ezcaray, Terroba y Enciso, cada una de ellas con su particular problemática.
En Navarra la atención se centró en la nueva estrategia de gestión de los riesgos de inundación y se resaltó el papel del regadío tradicional frente al «negocio privado» del canal de Navarra.
En Aragón, la marcha pasó por el embalse de La Loteta, donde se hizo hincapié en que se trata de una obra donde se han «malgastado» 100 millones por los problemas de salinización que presenta el vaso, lo que, según Arrojo, lo inutiliza para almacenar el agua de consumo de Zaragoza y su entorno.
Asimismo, se abordaron el problema que representa la contaminación por lindano en el río Gállego y los cambios sufridos por el proyecto del embalse de Biscarrués, que ha hecho frente a un revés judicial con la anulación del proyecto por parte de la Audiencia Nacional.
El recrecimiento de Yesa, amenazado por los deslizamientos en sus laderas, fue objeto de atención, así como el riesgo de «privatización» que afecta al regadío tradicional en las vegas del Jalón y el Jiloca. Otros asuntos que se examinaron fueron el embalse de El Val, en peligro por la contaminación de las aguas que retiene, y la obra de Mularroya, que se enfrenta a elevados sobrecostes, según Rapa.
La construcción de depuradoras convencionales recibió duras críticas por su elevado precio, al que se contrapuso un modelo más natural y económico que se ha llevado a cabo con éxito en Fabara. También se enjuició el impuesto sobre la contaminación del agua (ICA), que se cobra incluso en lugares donde no se depura. Dejando atrás la futura presa en el Bergantes y el recrecimiento de Santolea, en Cataluña se incidió en la contaminación del Ebro por la central nuclear de Ascó y las industrias de Flix. Asimismo, se criticó el trasvase del río Siurana, que deseca el cauce y compromete el futuro de los pueblos ribereños.
