Nada más conocerse la operación policial que destapó el caso Plaza la pregunta que muchos se hicieron fue si independientemente del proceso judicial que se abría, podía haber una responsabilidad política paralela. Al fin y al cabo, hacía años que se conocían los elevados sobrecostes de un proyecto estratégico para la comunidad durante la primera década del siglo XXI y la plataforma tenía un consejo de administración del que formaban parte un buen número de dirigentes públicos, que, entre otras cosas, era conocedor de la elevada deuda que arrastraba esta empresa pública.
Plaza, uno de los proyectos estrella desarrollados por el Gobierno de Marcelino Iglesias, y que tuvo al frente a uno de sus hombres fuertes, Carlos Escó --que llegó a estar imputado en tres de las cinco causas abiertas, aunque actualmente está solo en una--. Asimismo, dos de sus consejeros de Obras Públicas y actuales integrantes de la Mesa de las Cortes, Alfonso Vicente y Javier Velasco, presidieron el consejo. Además, los partidos que en aquella época estaban en la oposición querían conocer qué vínculos tenía el constructor Agapito Iglesias, imputado en dos causas, con algunos miembros del anterior Ejecutivo.
Más controles
Por este motivo, ya en agosto del año pasado IU planteó la posibilidad de crear una comisión de investigación sobre Plaza en la que se pudieran hallar posibles responsabilidades y, sobre todo, extraer conclusiones que permitiera a los dirigentes públicos tener más controles que evitaran futuros casos similares.
La propuesta de IU cayó en principio en saco roto al no contar con el apoyo de otros grupos, aunque posteriormente salió adelante gracias a la unión de CHA y el PSOE, partidario de celebrar esta comisión. Finalmente, el PP la apoyó (después de tener posiciones contradictorias --al sembrar de sospechas la vida política pero no votar a favor y luego aceptar la petición de la oposición--) y el PAR se abstuvo. Su presidente, José Ángel Biel, llegó a considerar que estas comisiones "solo sirven para dar alpiste a los canarios".
No fueron momentos fáciles para el PSOE, con una dirección diferente a la que había en la etapa de los hechos que se investigan, pero con algunos dirigentes de entonces todavía en la vida pública, entre ellos la anterior candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Eva Almunia, casada con Escó. La convicción de que la gestión socialista fue impoluta y la necesidad de demostrar su apuesta por la transparencia, llevó a este partido apoyar una comisión de investigación y tomar una posición activa, a pesar de las incomodidades que pudieran derivarse de ella.
Cuando ya se ha celebrado, tras comparecer más de cincuenta personas en una modélica comisión de investigación en la que los grupos aparcaron sus rifirrafes partidistas y con voluntad constructiva han interrogado a los comparecientes con la intención de hallar fórmulas que permitan reforzar los controles --una vez que ha quedado demostrado que los que había eran buenos pero no impedían que pudieran cometerse irregularidades-- y no se repitan casos como este.
A su vez, y al tiempo que algunos de los casos abiertos van perdiendo fuerza e incluso se han sobreseído (con amenazas de imputación a aforados como el actual consejero Francisco Bono), los socialistas creen que se ha visto reforzada la tesis de que tanto el PP como el consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, han tenido una especial vocación por ajustar cuentas con el PSOE, ya que nada más comenzar la legislatura, Fernández de Alarcón puso en el disparadero la gestión anterior. Según los socialistas, con un interés partidista que la evolución de las cosas ha ido desmintiendo.
La comisión de investigación ha cumplido su primera parte, la de las comparecencias. En septiembre se reanudará y sus componentes, antes de redactar las conclusiones, solicitarán al actual gerente de Plaza y uno de los que destapó los presuntos casos de corrupción, Jesús Andreu, que comparezca. No habrá, como algunos pensaban, más altos vuelos.
