La exconsejera del Gobierno de Aragón María Teresa Verde, quien ha testificado como miembro del Consejo de la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) hasta 2010, ha afirmado que si hubo un desfase de 17,8 millones de euros en la ejecución de unas naves en esa plataforma, "nunca" se explicó en el Consejo.
Verde, al igual que otros 26 consejeros de Plaza de 2005 a 2010, ha sido citada a declarar como testigo por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, que investiga un presunto desfase de 17,8 millones de euros en la construcción de unas naves por parte de la sociedad Codesport, del grupo de Agapito Iglesias, propietario del Real Zaragoza.
Este desfase millonario lo denunció hace unos meses la actual dirección de Plaza, desde 2011, y ahora el juez investiga si hubo malversación de fondos públicos o no.
Antes de entrar a testificar en el juzgado, la exconsejera de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón, ha declarado a los periodistas que ha revisado las actas de Plaza, relativas a este asunto de las naves, porque "es imposible acordarte" de todo y únicamente ha habido una ampliación de proyecto, relativo a la construcción de estas naves, pero "al mismo precio".
Ha afirmado que la modificación que se hizo era "perfectamente asumible", pero lo que "no es asumible es si ha habido sobrecostes de otro tipo".
Ha recordado que el Consejo de Administración lo que hace es analizar la información que presentan los técnicos y que esa información relativa a los sobrecostes en este órgano no se explicó, ni ella lo recuerda y además tampoco figura en las actas.
A partir de ahí, si los técnicos han firmado algún documento que no se analizó en el Consejo de Administración, ella lo desconoce.
Por este asunto, están imputados el propietario del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y el que fuera viceconsejero de Obras Públicas del anterior Gobierno de Aragón, Carlos Esco, a los que el juez ha impuesto de forma solidaria una fianza de 18 millones de euros como responsabilidad civil.
De las declaraciones de estos tres imputados trascendió un documento, que presuntamente estaba firmado por los técnicos, y que justificaba este sobrecoste de 17,8 millones de euros.
María Teresa Verde ha dicho a los periodistas que desconoce la existencia de este documento.
Además, de María Teresa Verde han comparecido hoy como testigos el consejero de Economía del Gobierno de Aragón, Francisco Bono, además del exconsejero de Economía Alberto Larraz, quienes no han realizado declaraciones a la prensa.
Las testificaciones del Consejo ante el juez comenzaron el lunes y continuarán mañana.
