El consejero delegado de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, Mario Varea, ha reconocido hoy que le está resultando "difícil" encontrar a inversores que quieran asumir la participación del Gobierno aragonés en determinadas empresas en las que se ha decidido desinvertir, en cumplimiento del plan de reestructuración del sector público empresarial aragonés.
Varea ha comparecido hoy ante la comisión de Economía y Empleo de las Cortes de Aragón, a propuesta del consejero Francisco Bono, para explicar el informe anual de 2013 de la corporación, y en su intervención ha apuntado que se han ejecutado desinversiones "muy rápidas" en algunas empresas en las que el Gobierno aragonés tenía participación.
Pero también ha reconocido que hay otras operaciones en las que han encontrado "un muro" en los socios privados para hacer posible esta desinversión y que es "difícil" encontrar a "alguien inocente" que adquiera estas participaciones, sobre todo en aquellas en las que las acciones del gobierno sólo son del 5 o del 6 por ciento y existe, por ejemplo, un socio mayoritario con el 70 por ciento de ellas.
Se ha conseguido la desinversión en 44 empresas de las 68 en las que el Gobierno tiene una participación de la que el Ejecutivo se quería deshacer, están en su última fase de gestión otras 4 operaciones y en un proceso avanzado de negociación otras 15.
Sin embargo, ha defendido el cumplimiento del plan de reestructuración en muchos otros de sus aspectos, y ha recordado que éste se ha cumplido al 65 por ciento, en tanto en cuanto su objetivo era pasar de 103 empresas públicas o participadas a 35, y en la actualidad se ha conseguido que ésta sean ya sólo 60. De ellas, 20 son sociedades públicas.
El objetivo, ha agregado, era mantener aquellas que sirvan al interés general o que ejerzan actividades que la empresa privada no cubra.
El plan de reestructuración, ha agregado Varea, está en "continua revisión" desde que se aprobó, en noviembre de 2011.
Y su aplicación ha generado ahorros de quince millones de euros en tres años, sobre todo por la amortización de algunos puestos directivos y por la aplicación del expediente de regulación de empleo de Sarga.
Desde los grupos de la oposición, los portavoces de CHA e IU, José Luis Soro y Ángel Luis Romero, respectivamente, han hecho hincapié en la deuda que acumula la corporación, de 94 millones de euros en 2011; 99 en 2012 y 98 en 2013, según las cuentas consolidadas a las que ha hecho referencia Romero.
Varea ha reconocido que la corporación tiene una estructura "muy particular" con cinco de las empresas que aglutinan el 90 por ciento de toda la deuda y el 95 por ciento de la cifra de negocio.
Ha explicado que en junio de 2013, según el informe anual, la deuda de la corporación era de 410 millones de euros -de 392 si no se tiene en cuenta el plan de proveedores-.
Y ha insistido en que este nivel de endeudamiento está "muy condicionado" por la crisis del sector inmobiliario, en tanto en cuenta empresas como Suelo y Vivienda de Aragón o Zaragoza Expo Empresarial han visto limitada su actividad.
En respuesta a Soro, quien se ha interesado por si estas empresas cumplen la ley de estabilidad presupuestaria, Varea ha dicho que doce empresas han hecho un plan de saneamiento en función de esta ley.
Vicente Larred, del PSOE, ha criticado estas cifras de deuda y ha dicho que demuestran que el "mito de la buena gestión del PP se cae" con ellas "por su propio peso".
