Más de 3.000 aragoneses recurren cada año a los servicios de atención al consumidor de la Comunidad Autónoma de Aragón por cuestiones relacionadas con la garantía en la adquisición de bienes, lo que representa casi el 4% de todas las solicitudes de información. Este es uno de los motivos que han llevado a la dirección general de Consumo de la DGA a incluir la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo en la primera de las jornadas del ciclo formativo de Aulas de Consumo, que tuvo lugar ayer en Zaragoza.
En cuanto al impacto de la aplicación de esta nueva ley, que entró en vigor el pasado mes de septiembre, el director general de Consumo, Vicente Piñeiro, destacó lo especial de este tema "por su actualidad y por su incidencia directa en la mayoría de las transacciones que tiene lugar cada día". Ello, unido a "la patente falta de voluntad del Gobierno por desarrollar reglamentariamente esta ley" obliga a las comunidades autónomas a desarrollar un plan global de información que, "de forma clara y sencilla", aclare las dudas que suscita la aplicación práctica de la citada norma. En este sentido, José María Ibarz, jefe de la sección de control de Mercado del Gobierno de Aragón, comentó a este periódico que esta ley es "complicada", y que por ese motivo hay que resolver "de forma consensuada" las dudas que puedan surgir en su aplicación. Por ello se ha creado "un observatorio a nivel nacional", constituido por un representante de cada comunidad autónoma, otro del Instituto Nacional de Consumo y uno de la Dirección General de Política Comercial del Ministerio de Economía. Su objetivo, según Ibarz, es que "en no más de una semana, los empresarios y los consumidores", tengan una "respuesta consensuada" a las dudas que se les presenten al interpretar la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.
VENTAJAS Ibarz destacó ayer que, a pesar de que los 18 meses que ha tardado en ponerse en marcha la nueva norma, había generado "muchas expectativas", y que "se ha limitado a cumplir el mínimo que pedía la normativa europea", la ley tiene unas cuantas ventajas. En este sentido resaltó que "antes no teníamos una ley específica" sobre las garantías en la adquisición de bienes de consumo, y ahora sí. Añadió que con ella "se amplía el número de productos o artículos a los que se les da aplicación", como los productos perecederos o las prendas de vestir. También señaló la ampliación de la garantía de seis meses a dos años, aunque "con matizaciones", ya que después del medio año "el consumidor tiene que justificar" los motivos de su devolución. Asimismo, desde septiembre, el responsable es el vendedor. "Se acabó eso de mandar la resolución del problema al fabricante", señaló Ibarz. También indicó que ahora la ley da opción no sólo a la "reparación del artículo, sino a la sustitución", siempre y cuando "la petición no sea desproporcionada".
