Más de 300 municipios aragoneses se sumarán al recurso de inconstitucionalidad a la reforma local que presentará el Ayuntamiento de Zaragoza y que encabezará el recurso a nivel general en el conjunto del territorio nacional. En principio, todos los ayuntamientos gobernados por PSOE, CHA e IU, un 40% del total, se adscribirán a esta iniciativa, la primera en la historia de España de estas características.

De hecho, durante esta semana se están aprobando en los plenos de los distintos ayuntamientos el inicio de la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local, la solicitud de un dictamen del Consejo de Estado y la encomienda al alcalde de cada municipio para la realización de todos los trámites necesarios. El viernes será el turno de Zaragoza, que liderará la iniciativa por ser la ciudad de más población, a pesar de las críticas del PP, que ayer aludió a un "uso partidista" de los servicios jurídicos municipales, tal y como denunció su portavoz adjunto, Pedro Navarro, quien confirmó que su voto será en contra.

Mientras, el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, se reafirmó en liderar el recurso de inconstitucionalidad ya que la reforma local supone un "peligro mortal" para los pequeños ayuntamientos, al llegar a perder todas sus competencias, y un riesgo para servicios esenciales.

Apoyarán el recurso mañana CHA e IU, como parte de una estrategia a nivel nacional. "Esto parte de un acuerdo federal de todos los grupos, lo que significa que el PP está aislado en Madrid con esta reforma. Vamos a llevar este recurso jurídico hasta las últimas consecuencias", indicó el representante de política municipal y autonómica de IU en Aragón, Pablo Muñoz.

En realidad, debería ser Barcelona la encargada de encabezar la petición, pero por problemas con los plazos para la aprobación de esta declaración en el pleno --el 28 de febrero es la fecha límite para celebrar las sesiones, ya que el plazo que establece la ley para formalizar el recurso son 3 meses desde la publicación de la ley en el BOE--, finalmente Zaragoza ha tenido que tomar el testigo.

En principio se adherirán al recurso de inconstitucionalidad los consistorios en los que gobiernen o tengan mayoría el PSOE-PSC, CiU, IU-ICV, ERC, CC, Chunta, Compromís, Nueva Canarias y UPD. Gracias a esta alianza, se puede cumplir con los criterios que permiten que los ayuntamientos presenten iniciativas en este sentido: que sean un séptimo de los municipios españoles (unos 1.160) y representen como mínimo a un sexto de la población (unos 7,6 millones). En realidad, el primer requisito era de fácil cumplimiento pero ha sido gracias a CiU que se ha alcanzado la cuota de habitantes que exige la ley orgánica del Tribunal Constitucional.

En Aragón ya se han producido pronunciamientos expresos de adhesión, como los que hicieron los municipios socialistas de la provincia de Huesca. O en Andorra, cuya alcaldesa es de IU, donde se llevó ayer mismo al pleno la aprobación de esta declaración y su petición de asumir las competencias que perdería.

El PAR, mientras, ha dado libertad a sus 187 alcaldes, pero con el criterio general de que la reforma finalmente ha incluido "la particularidad administrativa de Aragón", indicó el alcalde de Calamocha, Joaquín Peribáñez y vocal del PAR en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), es decir, que el PAR se abstendrá --como sucedió ayer en este municipio turolense-- o la rechazará si no hay sorpresas.