La comisión parlamentaria que investiga en las Cortes de Aragón la gestión de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) comenzará a recibir a los comparecientes, alrededor de 60, el 3 de junio, en turnos de media hora en los que técnicos y consejeros citados podrán explicarse en una intervención inicial.
El coordinador de la comisión, Antonio Torres, ha dado a conocer hoy en rueda de prensa el listado completo de nombres que incluye a los miembros del consejo de administración de la sociedad pública durante el mandato de los socialistas Javier Velasco y Alfonso Vicente y el popular Rafael Fernández de Alarcón, así como a los técnicos vinculados con la Plataforma Logística.
El día 3 de junio será el turno de los técnicos de Plaza y de ejecutivos como Agapito Iglesias o Ricardo García Becerril, exgerente de la plataforma logística.
Los días 5, 16 y 17 de junio comparecerán todos los consejeros de administración de la Plataforma y el día 30 se reserva para que asista alguno de los citados que no haya podido hacerlo antes -o alguien cuyo nombre pueda surgir a lo largo de las distintas comparecencias- y para estudiar nueva documentación y comenzar, a partir de ese momento, a redactar las conclusiones.
Torres ha incidido en que todas las decisiones han sido tomadas de forma unánime, tanto la lista de nombres como la forma de proceder en las comparecencias, y ha recordado que a partir de ahora las sesiones de la comisión comienzan a ser públicas.
Asimismo, ha explicado que hay una persona convocada cada media hora, "aunque en la mayoría de los casos puede sobrar tiempo", y que en la citación se les indicará que pueden hacer una intervención inicial en la que señalen lo que estimen oportuno.
Además de Torres, del PP, conforman esta comisión de investigación Javier Sada, Joaquín Peribáñez, José Luis Soro y Patricia Luquin en representación, respectivamente, de los grupos parlamentarios del PSOE, PAR, CHA e IU.
La comisión parlamentaria sobre la gestión de Plaza, que fue impulsada por los grupos de la oposición en las Cortes -PSOE, CHA e IU- se suma a la investigación judicial abierta en agosto del pasado año para esclarecer la presunta trama de corrupción y malversación en el desarrollo de este gran complejo industrial en la que están imputadas, en diferentes causas, una veintena de personas.
