La opinión financiera de la Cámara de Cuentas sobre el estado presupuestario del Gobierno de Aragón es rotunda. «La comunidad en el ejercicio del 2017 sigue presentando graves desequilibrios patrimoniales», alerta. El endeudamiento en ese ejercicio se situó en 8.553 millones de euros y, ante esa realidad, la única solución es un aumento de los ingresos o una reducción del gasto. De lo contrario se sumarán 349 millones más a la columna del debe.

La Cámara de Cuentas concluye su informe con recomendaciones, entre ellas, fijar en la ley de presupuestos el límite del endeudamiento a corto plazo permitido para garantizar la plena cobertura legal de las operaciones que se suscriban o aprobar una nueva ley de la función pública que incluya la estructura retributiva y la carrera profesional de los funcionarios. Las sugerencias en el informe también tiene que ver con la forma en la que el Ejecutivo autonómico rinde cuantas para el control público. Estas son algunas de ellas:

Actualizar el inventario general de bienes

El organismo fiscalizador habla en su informe de que hace falta «continuar con el proceso de revisión y actualización del inventario general de bienes de la comunidad autónoma» y de todas las entidades que conforman el sector público aragonés, así como dar de baja los activos «amortizados que no se encuentran en uso». Esto permitiría tener un mejor reflejo de la realidad contable en las cuentas públicas.

Fijar el límite máximo de endeudamiento

La Cámara de Cuentas pide igualmente «establecer controles periódicos de revisión de los saldos de existencias, deudores y acreedores, como mínimo al cierre de cada ejercicio, para que se ajusten a la realidad». Esto se completaría, además, con la necesidad de fijar en la ley de presupuestos el límite máximo del endeudamiento a corto plazo permitido para garantizar la plena cobertura legal de las operaciones que se suscriban. Y se recomienda reducir en la medida de lo posible «los saldos de partidas pendientes de aplicación al cierre del ejercicio mediante su aplicación definitiva a las partidas que corresponda».

Introducir reformas para la carrera profesional

La Cámara de Cuentas recomienda «aprobar una nueva ley de la función pública que incluya, entre otros aspectos, la estructura retributiva y la carrera profesional de los funcionarios». Esta modificación se ha propuesto en varias ocasiones, pero el acuerdo entre los trabajadores y los funcionarios no ha sido posible hasta el momento.

También habla de «mejorar el control de los fondos que se entregan a los centros docentes públicos en el marco de la autonomía en la gestión económica que tienen reconocida». Esto supondría «realizar inspecciones y controles de calidad para asegurar la correcta prestación de los conciertos de reserva de plazas en centros residenciales para personas mayores, menores o dependientes, gestionados por el IASS.

Atender aún más a las necesidades reales

Por último se insiste en la necesidad de elaborar «un presupuesto acorde a las necesidades reales de gasto» de los organismos sanitarios partiendo de una «evaluación previa y exacta del coste de los contratos de gestión» que el departamento de Sanidad firma con los diferentes sectores. Estas entidades ya fueron objeto de un informe específico que se publicó hace una semanas.

La entidad de control habla además de que es necesario «promover compras centralizadas, entre otras, de productos farmacéuticos e implantes para obtener beneficios derivados de la economía de escala». Esto supondría «promover compras centralizadas, entre otras, de productos farmacéuticos e implantes para obtener beneficios derivados de la economía de escala».