El magistrado del Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza, Luis Pablo Mata, ha impuesto penas que suman 72 años de prisión y multas que superan los 40 millones de euros a los siete empresarios a los que ha declarado culpables del mayor fraude del IVA detectado en Aragón. Las penas de cárcel, no obstante, quedan reducidas a 56 años y medio al limitar la ley su cumplimiento al triple de la mayor pena impuesta a cada reo cuando este ha cometido más de tres delitos.
El magistrado declara probado que los acusados, a través de las empresas Márketing Diseño y Trade y Euromod, con sede en el polígono Centrovía de La Muela, defraudaron a Hacienda 6,5 millones de euros en los ejercicios del 2005 y el 2006 mediante una trama que simulaba el tráfico de mercancías inexistentes ficticiamente exportadas a países ajenos a la UE, lo que les permitía recuperar las cuotas de IVA supuestamente devengado.
La sentencia declara probado que Márketing Diseño y Trade defraudo a través de esta operativa 222.742 euros en el 2005 y 1.295.479 al año siguiente, mientras que Euromod generó en las arcas públicas un boquete tributario de 265.402 euros en el primero de esos ejercicios y otro de 4.717.551 en el segundo.
LA TRAMA Los responsables de esas dos empresas eran los hermanos José María, Santiago y Luis Alberto Vispe Sánchez, que inicialmente se dedicaban al comercio de artículos de confección. El tercero de ellos se reunió en Barcelona con Francisco Malagarriga, que le puso en contacto con el empresario israelí Avraham Rafaeli. Los zaragozanos, "con el ánimo de obtener un enriquecimiento económico ilícito", aceptaron participar en la trama de fraude carrusel que este último había "pergeñado" con su mano derecha en España, Pedro César López.
La operativa incluía varias sociedades trucha o missing traders radicadas en España que formalizaban ventas de mercancía a Euromod y Márketing, a las que repercutían un IVA que no ingresaban en las arcas públicas. Ese género era formalmente vendido a empresas con sede fuera de la UE, lo que permitía a las de los Vispe --se habían dado de alta como importadores-exportadores y pasaron a comercial con productos cosméticos e informáticos-- recuperar un tributo que, con independencia de que los pedidos existieran o no, las truchas nunca habían pagado.
Cada comprador solo pagaba a su proveedor --llegaron a mover material por más de 24 millones de euros en un solo ejercicio-- cuando cobraba de su cliente, con lo que, en el caso de los Vispe, "su único riesgo consistía en esperar la devolución del IVA que habían adelantado".
Las empresas que participaban en la trama, añade el juez, "no financiaban las operaciones comerciales propiamente dichas sino el método para la obtención ilícita del IVA".
El margen que obtenían por participar en la trama llegaba a alcanzar el 4%.
