Más de mil personas acudieron ayer a la manifestación en favor de los trabajadores de la limpieza de centros sanitarios del Salud, a los que mostraron su apoyo después de una huelga del sector que ya se prolonga durante 35 días ante la falta de renovación del convenio, que expira el 7 de julio.

A la movilización, inicialmente convocada en defensa de los servicios públicos y contra la privatización de la sanidad, acudieron colectivos como Marea Blanca, la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad, la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública, el movimiento 15-M, Marea Verde, la Plataforma Solidaria conta la crisis Actur-Parque Goya o el Movimiento de Pensionistas y Jubilados Indignados, además de numerosos sindicatos y formaciones políticas.

CONTRA OLIVÁN "Se trata de hacer visible el conflicto en la calle porque esto va más allá y la Administración lo ha convertido en una huelga política porque quiere recortar también en este sector mediante el presupuesto en la contrata de la limpieza y, para hacerlo con mayor facilidad, quiere hacerlo a través del convenio colectivo", expuso Mariano Álvarez, de CCOO, que insitió en responsabilizar al consejero de Sanidad, Ricardo Oliván. "Él y el Gobierno que le respalda son los máximos culpables de la actual situación".

Entre continuas peticiones de dimisión de Oliván y también de la consejera de Educación, Dolores Serrat, --la marcha se detuvo unos diez minutos frente a su domicilio, en la calle Alfonso--, las trabajadoras exigieron la intervención de Oliván para solucionar el conflicto. "No nos han hecho ni caso y eso que llevamos tres meses con movilizaciones en los centros", aseguró Loli Almendro, una de las empleadas de la limpieza, que recordó que "no pedimos más que un convenio justo porque ya nos hemos adaptado a la eliminación de pagas, bajada de salario, supresión de moscosos y unos servicios mínimos que son máximos, estamos agotadas y solo pedimos que nos escuchen". Pero el colectivo promete seguir luchando. "La gente está con fuerza y llegará hasta las últimas consecuencias pase lo que pase", advirtió Álvarez.

Por su parte, Esteban Lauroba, representante de UGT, criticó la actitud "irresponsable" del Gobierno de Aragón, porque "tiene un claro interés en que las condiciones laborales se degraden paulatinamente en el sector y que sirva de "toque de atención a otros colectivos para demostrar que la movilización no tiene ningún efecto".