Más de 20.000 personas acudieron ayer a la llamada de la enseñanza concertada para mostrar el rechazo del sector a la no renovación de conciertos incluida en el acuerdo entre PSOE y Podemos para rubricar los presupuestos de la comunidad, en la movilización más numerosa de la historia del sector en Aragón. «Es la respuesta a una situación grave que muestra que estamos todos unidos contra una agresión sin precedentes», subrayó Ángel Morán, secretario provincial del sindicato docente FSIE en Huesca.

La masiva protesta, presidida por una pancarta con el lema Por la libertad de enseñanza, reunió a padres, alumnos, profesores y patronal de un sector que incidió en que se siente víctima de un «continuo, injustificado e injusto ataque recibido en los últimos meses» como consecuencia del «nefasto e ilegal» acuerdo de presupuestos entre socialistas y podemistas.

«No nos gusta hacer historia, pero no nos ha quedado más remedio. Nuestro mayor deseo habría sido continuar con el entendimiento que hasta ahora había existido con el Gobierno, pero, desgraciadamente, no ha podido ser y, por ello, nos vemos abocado a reclamar la libertad que no nos había faltado hasta ahora», expuso José María Marín, representante en Aragón de la Confederación Española de Centros de Enseñanza

PARTICIPANTES // La protesta, organizada por Escuelas Católicas de Aragón, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE-Aragón), la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón), la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) y USO, paralizó el centro de Zaragoza desde la plaza Aragón a la entrada del edificio Pignatelli. Contó con la participación de representantes de partidos políticos, entre ellos, Dolores Serrat, consejera de Educación la pasada legislatura, o los diputados Antonio Suárez y María José Ferrando (PP), el concejal popular Jorge Azcón, así como representantes del PAR y de Ciudadanos.

«La esperanza es lo último que se pierde, pero no tenemos ninguna confianza», admitió Marín. «Se están haciendo cosas inauditas con la concertada, que no agrede para nada a la pública», añadió Antonio Amate, secretario estatal de enseñanza del sindicato USO que, en este sentido, prometió que la movilización «no va a parar aquí».

No hubo insultos. Y tampoco un objetivo claro al que acusar. «No es fácil decir quién es el responsable de esto. Todo sucede a raíz del acuerdo con Podemos, pero es el Gobierno quien ejecuta», sostuvo Miguel Ángel González, de USO Aragón.

A los lados de la calzada, multitud de curiosos mostraban su asombro por la multitudinaria marcha, que, convirtió la cita en una reivindicación del sector. «Y luego diréis que somos cinco o seis», gritó la marcha en varias ocasiones. «Esto es impresionante. Estoy abrumado», reconoció Miguel Ángel García, de Fecaparagón.

Antes, los padres de la escuela pública, a través de Fapar, habían reclamado «corresponsabilidad «a la red concertada, «tanto en su oferta de aulas, como en la garantía de distribución equilibrada de alumnado, para que se cumpla la ley y se garantice la igualdad de oportunidades tanto en la red pública como en la concertada».

Ya a las puertas del Pignatelli, los gritos por la libertad de enseñanza o no dejes que nadie decida por ti, dieron paso a un manifiesto en el que la concertada volvió a apelar a la «gran labor social» que realiza en el ámbito educativo. «La escuela concertada desmiente que sus centros sean clasistas o elitistas. Es un tópico de quienes en verdad no la conocen o pretenden dañarla», rezaba el manifiesto.

A expensas de que hoy se haga oficial cuántas aulas pierden el concierto, el sector advirtió ayer de que la reducción de clases «haría peligrar su estabilidad y, a medio plazo, los puestos de trabajo de cientos de ellos con la pesada carga que eso conlleva para el conjunto de nuestra sociedad, que no quiere más crisis a costa de sacrificar a algunos».

Del mismo modo, la manifestación apeló a la «absolutamente insuficiente» financiación de la concertada, que aprovechó para solicitar «la revisión del módulo económico del concierto» para concluir con una nueva «mano tendida» a la Administración para buscar «la mejor solución para los niños».