La gran mayoría de los 57 acusados por estafar 1,8 millones con partes falsos de siniestros a seis aseguradoras han llegado a un pacto con Fiscalía en el que reconocen los hechos y consiguen reducir las penas a las que se enfrentan. De hecho, según recoge Aragón TV solo fueron tres los que no llegaron a un acuerdo con el ministerio fiscal en la primera sesión del juicio por esta causa, que comenzó ayer en la Audiencia Provincial de Zaragoza que seguirá hasta el 10 de julio.
Esta trama, que operó durante 7 años desde el 2005, llegó a presentar hasta 157 partes falsos a lo largo de 5 años y las penas a las que se enfrentaban los acusados llegaban a los 288 años de cárcel. Con estos pactos, se espera que solo entre en prisión el cabecilla de la estafa, el perito de seguros Eduardo P. C., quien presumiblemente cumplirá una pena de tres años y medio de cárcel -y no de 11 años, como a la que en un principio se enfrentaba- además de tener que abordar una multa de 500.000 euros, como acordó con el ministerio fiscal. Las penas a las que deberán hacer frente el resto de los acusados oscilan entre los 4 y los 12 meses de prisión por los delitos de blanqueo de capitales, estafa y pertenencia a grupo criminal. Eduardo P. C. compareció ayer en el juicio como testigo y llegó a reconocer que tramitó al menos 5 partes falsos en su propio domicilio, además de otros en casa de sus suegros, por valor de 60.000 euros.
Lo acordado ayer por estas partes corrige lo solicitado por el fiscal en su escrito de acusación provisional, en el que consideraba que los hechos denunciados son constitutivos de un delito de organización criminal, 63 de estafa (en algunos casos agravada al ser la cuantía superior a los 50.000 euros), 2 continuados de falsedad en documento mercantil y dos más de blanqueo de capitales. Para los principales encausados, Eduardo P.C. y Antonio B.R., el ministerio público solicitaba sendas condenas de 11 años y 6 meses de prisión y multas, respectivamente, de 500.000 y 200.000 euros.
El resto de los acusados se enfrentaban a penas que oscilaban entre los 3 y 7 años de prisión, con la responsabilidad civil añadida de indemnizar a las compañías aseguradoras.
El fiscal señalaba que los encausados, parientes o conocidos entre sí, se pusieron de acuerdo para llevar a cabo un plan ideado por los principales acusados, quienes se dedicaban a realizar tasaciones periciales.
Estos, con el fin de enriquecerse mediante engaño, acordaron con el resto contratar una o varias pólizas de seguros de hogar, algunas sobre domicilios no de su propiedad y otras sobre inmuebles inexistentes.
