El Gobierno de Aragón confirmó ayer que se sumará al pulso de las autonomías contra el Ministerio de Hacienda con el objetivo de lograr la devolución del IVA de dicembre del 2017. La portavoz del Ejecutivo, Mayte Pérez, indicó que están trabajando en una demanda judicial con la que quieren recuperar los 80 millones de euros que se adeudan del total de 800 que, en su opinión, «se encuentran secuestrados» en el conjunto de las administraciones autonómicas.
Pérez destacó tras el Consejo de Gobierno celebrado ayer que la intención con este paso, que está en manos de los servicios jurídicos es «aliviar una situación sobrevenida» que no parece próxima a solucionarse. Por el momento, tras la revuelta iniciada por varios presidentes autonómicos, se ha procedido a celebrar un Consejo de Política Fiscal y Financiera (celebrado el pasado viernes) que no ha resuelto la deuda pendiente. «No tenemos que estar en una situación de vasallaje», indicó Pérez. Así, defiende que el Gobierno de Aragón «luchará por algo que considera justo» y señaló que antes de la presentación de esta demanda analizarán las conclusiones del informe jurídico.
COMPARECENCIA DE ANADÓN
El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, comparecerá mañana en las Cortes de Aragón a petición propia para dar más detalles sobre esta circunstancia. «La DGA está siendo coherente con lo que ha dicho y ha hecho», insistió Pérez después de que el pasado día 4 el presidente de Aragón, Javier Lambán, remitiera una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que le daba un plazo de quince días. Desde que lo anunció todavía no ha vencido. Este ingreso de 80 millones corresponde a la comunidad en aplicación del sistema de financiación autonómica.
A pesar de que las declaraciones de Pérez al respecto pudieron no parecer concluyentes, unos minutos después el propio Lambán escribió en su cuenta de Twitter que agradecía la sensibilidad de Pedro Sánchez y la ministra María Jesús Montero con las comunidades autónomas, pero que eso no va a evitar un paso al frente para lograr «lo que arrebató Montoro», algo que sirvió para aclarar las declaraciones de Pérez a los medios en los que no dejó claro si los servicios jurídicos están preparando una reclamación judicial o únicamente un informe previo.
El presidente del PP en la comunidad, Luis María Beamonte, apoyó el anuncio del Gobierno de Aragón. «Cuando alguien gobierna tiene que ser capaz de defender el interés general del conjunto de los ciudadanos a los que representa», manifestó. Además, criticó que los fondos retenidos por Sánchez se van a destinar «a los vicios de los independentistas». Pese a todo, le reclamó a Lambán «más valentía» ante estos hechos.
Con la misma rotundidad respecto a las medidas a tomar se manifestó el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. El dirigente popular aseguró que el ayuntamiento de la capital aragonesa también acudirá a los tribunales si el Estado no le abona, en su caso, los 6,5 millones de euros pendientes de recibir por el IVA del mes de diciembre del 2017.
El regidor realizó esta declaración momentos antes de entrar en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), en Madrid. «Este IVA no es una dádiva o un regalo, sino algo que se tiene que pagar porque se debe y no porque haya un Gobierno que discrecionalmente decida si lo hace o no», expresó.
El alcalde de Zaragoza lamentó que haya quedado demostrado que los ayuntamientos no son «una prioridad» para este Ejecutivo central.
COSTES JUDICIALES
En Aragón el frente contra el Ministerio de Hacienda no sumará a más contendientes, sobre todo porque en el resto de los consistorios la cuantía del IVA que se les adeuda no supone un agujero relevante para sus arcas públicas. En la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) no se ha abordado el asunto para fijar una determinación común por el momento.
Por su parte, el alcalde de Huesca, Luis Felipe, que también en Madrid, consideró que las actuaciones en el consistorio altoaragonés se guiarán por las recomendaciones sobre el papel que pueden jugar las capitales provinciales en estas reclamaciones conjuntas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que todavía no se conocen. «Este no es un asunto nuevo, pues ya se anunció algo parecido con el ministro Montoro, del PP», quiso precisar el regidor socialista.
De una opinión similar, a pesar de ser de diferente signo político, es el Ayuntamiento del Teruel, en manos del PP. La alcaldesa Emma Buj confirmó que no van a ir a los tribunales para reclamar el pago de los cerca de 60.000 euros que les correspondería por esa mensualidad del IVA.
«Cada uno es libre a la hora de actuar, pero tenemos que tener en cuenta que las cantidades en Teruel, por una cuestión demográfica, no son tran grandes como para iniciar el proceso judicial», señaló. En este sentido, consideró que sería probable que fuera más caro el juicio en abogados que lo que se recuperaría en concepto de impagos. «En este caso lo que haremos será seguir reivindicando que se abone el IVA, algo que se mantendrá desde la FEMP, aunque hasta ahora ha sido con caso omiso», lamentó.
