La consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha afirmado hoy que los autos judiciales que obligan al Ejecutivo a ofrecer, en el proceso de escolarización, las aulas de los colegios privados que decidió no concertar "deslegitiman la autonomía y competencia del Gobierno en defensa del interés general y de una planificación educativa que es lógica".

"Estas medidas cautelares están sumiendo a la propia Administración y al propio Gobierno en un estado de indefensión absoluta", ha manifestado Pérez tras la firma del acuerdo de colaboración entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza para mejorar la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en el próximo proceso de inscripción, que arranca el próximo miércoles.

La consejera ha subrayado que el Gobierno aragonés acatará las sentencias, pero ha afirmado su intención de presentar nuevos recursos por vía judicial, administrativa y legislativa.

"Las vamos a combatir con todos los medios que tenemos a nuestro alcance porque no las compartimos en absoluto", ha declarado.

Además, ha puesto de relieve que se ofertarán las mismas plazas en la enseñanza pública que en el pasado proceso de escolarización, "más las que se suman por la ampliación y crecimiento en la zona sur de Zaragoza".

El pasado 12 de abril los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza dictaron las medidas cautelares solicitadas por los colegios Virgen de Guadalupe, La Salle Montemolín, Sagrado Corazón de Jesús, Cristo Rey, Marianistas, Teresiano del Pilar, Santa María de la Esperanza (Pina de Ebro) y Jesuitas.

"La patronal de la concertada no ha entendido el ejercicio de planificación, que creo es de solidaridad en la oferta, y por tanto, tendremos que incorporar esas vías", ha apostillado Pérez.

Del mismo modo, la responsable del área de Educación ha asegurado que el Gobierno se encuentra "maniatado" por las medidas cautelares que ordenaron conceder la licencia de apertura cautelar al colegio Ánfora de Cuarte de Huerva, y el mantenimiento de la asignatura de Religión en Primaria y Bachillerato.

"Se está maniatando absolutamente la acción de la propia Administración para seguir defendiendo sus intereses y, desde luego, estamos en un estado de indefensión que realmente ni compartimos ni entendemos", ha aseverado Pérez.