Nueve años, 11 meses, tres días y 10 horas han pasado ya del momento en el que la Policía Nacional llevaba a cabo la operación Molinos en la que eran arrestadas por corrupción urbanística una veintena de personas, entre ellas, la entonces alcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla. Tras varias visicitudes, entre ellas que el Supremo hiciera repetir el juicio contra 9 de los 37 procesados, ayer quedó visto para sentencia este caso. Pinilla (que se enfrenta a 25 años y medio de cárcel) clamó por su inocencia.

Durante la última sesión, la exregidora hizo uso de su derecho a la última palabra y aseguró que «la práctica totalidad» de su tiempo «la dedicó a servir al pueblo, no a forrarse ni a corruptelas». «Nunca he llegado a comprender cómo una denuncia relativa a las incorrecciones llevadas a cabo por la sociedad urbanística municipal, que recibieron el visto bueno del pleno del ayuntamiento, derivó en intervenciones telefónicas que afectaron a mis hijos porque se ha juzgado tanto cuestiones públicas como privadas», señaló.

«Traté de hacer las cosas de la mejor manera posible y legalmente» insistió, mientras apuntó que «mucho antes de acceder a la Alcaldía mi familia tenía varios negocios y terrenos que, a la par de que el pueblo fue creciendo, y de la mano del boom inmobiliario tuvimos ocasión de venderlos, arrendarlos y tener ingresos más que suficientes para comprar una casita en la playa» Una en Sotogrande y otra en República Dominicana que no nombró.

Antes de este alegato final fue el turno de los abogados defensores de los compañeros de banquillo de Pinilla -los empresarios Julián de Miguel, Antonio Fando, Ignacio Usain, José Francisco Uramburu, Julio de Miguel, David de Miguel; el exconcejal muelano Fernando Barba y el exdirector de la sucursal de Cajalón en dicho municipio, Alberto Lozano-. Los letrados, Santiago Palazón y Enrique Esteban Pendás, entre otros, pusieron en entredicho las escuchas realizadas por la Policía por ir «en contra del derecho al secreto de las comunicaciones».

También cuestionaron el transfondo de la denuncia «porque no fue de un particular», sino de una concejal del Partido Popular, a la que no nombraron que posteriormente acabó siendo la alcaldesa de La Muela: Marisol Aured.

Palazón se preguntó: ¿Por qué estamos aquí?; mientras respondía: «Muy sencillo, en aquella época toda pareja que compraba una casa iba a La Muela, no a Valdespartera ni Arcosur (barrios de Zaragoza), lo mismo una empresa que se establecía en Centrovía y no en Plaza, o que los molinos de viento se levantaban en La Muela y no en el balcón de María de Huerva que pertenece a Zaragoza ciudad».

Asimismo, incidieron en que los delitos como cohecho o blanqueo de capitales a los que se enfrentan varios de los procesados habrían prescrito.