Las pruebas de control de drogas al volante llegaron a Zaragoza hace ahora 10 años. En todo este tiempo, los detectores de sustancias estupefacientes se han convertido en una herramienta de la Policía Local, que los utiliza en contadas situaciones muy concretas, con un alto grado de fiabilidad.

Eso explica que, de las 200 pruebas de media que se practican anualmente en la capital aragonesa, la media de resultados positivos se sitúe entre 157 y 160. «Los aparatos de medición de drogas se utilizan cuando hay síntomas claros de que el conductor está sometido al influjo de una o más sustancias y después de haber dado 0,0 en la prueba de alcoholemia», explica Juan Manuel Maroto, intendente de Tráfico de la Policía Local de Zaragoza.

«Vemos que, año tras año, se mantiene el mismo nivel en cuanto a automovilistas que dan positivo en drogas, al revés de lo que está ocurriendo en las pruebas de alcohol, donde observamos una tendencia a la baja pese a que aumenta el número de conductores que se someten al control», indica Maroto. De hecho, a lo largo del 2018 se realizaron 52.906 pruebas de alcoholemia, de las que la inmensa mayoría, 51.613, dieron negativo, según recoge la Memoria de 2018 de la Policía Local.

En cambio, la detección de drogas es una práctica más minoritaria y mucho menos aleatoria. «Si el conductor conduce de forma anómala, observa una conducta extraña o su expresión despierta dudas sobre su lucidez, siempre se debe someter a la detección de drogas si da negativo en alcohol», precisa el intendente de Tráfico.

Maroto mantiene que el efecto combinado de los controles de alcohol y droga está teniendo, hace ya años, un efecto positivo sobre la seguridad vial en las calles de Zaragoza. Gran parte de su éxito se debe al hecho de que estos dispositivos se montan «cualquier día de la semana a lo largo de todo el año, aunque se incide más en las vísperas de los festivos».

De esta forma, la elevada probabilidad de tener que pasar por un control de drogas está sirviendo de elemento disuasorio, que es la finalidad principal del sistema puesto en marcha en el 2009. Conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas está castigado por el Código Penal con penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días. A ello se suma la privación del derecho a conducir de uno a cuatro años.

Y el supuesto infractor no tiene vía de escape, pues la negativa a someterse a la realización de las pruebas conlleva de seis meses a un año de prisión y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años. Y, en ambos casos, el castigo se incrementa si se demuestra que, en los casos de muertes o lesiones graves causadas de manera involuntaria, las drogas o el alcohol están detrás del hecho, que pasa a calificarse automáticamente de imprudencia grave o menos grave, con penas de cárcel que pueden llegar hasta los cuatro años.

Claro que, como apunta Maroto, la aplicación del Código Penal constituye «el último recurso». Antes de llegar a ese extremo, subraya, se hace imprescindible incidir en la formación y concienciación de los conductores y conductoras, tanto de los actuales como de los futuros. Por eso, como ya se hace, hay que llevar la seguridad vial a los centros de enseñanza e insistir en las campañas divulgativas.