Los médicos de Aragón, acompañados por el colectivo de enfermería y otros compañeros sanitarios, exigieron ayer la presencia de personal de seguridad en los centros de trabajo y que se pongan en marcha otras medidas de localización individual del personal durante su actividad laboral para que «no se vuelva a producir» la agresión que, el pasado viernes, sufrió una médico en Delicias por parte de un paciente.
Reunidos a las puertas del Colegio de Médicos de Zaragoza, numerosos sanitarios alzaron ayer la voz para condenar, de forma unánime, el incidente y pedir al Gobierno de Aragón que actúe «de forma urgente» para garantizar seguridad durante el ejercicio de su trabajo. «La violencia en el ámbito sanitario es una lacra que debe contar con el reproche de toda la sociedad. Las agresiones a sanitarios deteriora y condiciona la calidad del servicio», denunció, en nombre de todos los profesionales, Concha Ferrer, presidenta colegial.
La exigencia de mayor seguridad se extiende a centros de salud, hospitales y asistencia domiciliaria. Precisamente, fue en casa de un paciente donde tuvo lugar la agresión a la médico. Allí, el hombre, ya en prisión, retuvo a la doctora, la maniató con bridas e intentó abusar de ella, según adelantó EL PERIÓDICO. Algunos de los compañeros apuntaban ayer que una sola persona en una asistencia a domicilio «es insuficiente», según apuntaron las médicos Teresa Pérez y Marta Ciprés. «Como sanitarios debemos estar preparados para esto», añadieron.
Confianza mutua
«Estas situaciones son más habituales de lo que parece y algo hay que hacer. Hay que concienciar a la sociedad y no se puede perder esa relación de confianza mutua que existe entre el sanitario y el paciente. Es una línea que no se debe rebasar», dijo Enmanuel Echániz, enfermero de emergencias del 061, quien consideró que la agresión a su compañera debería marcar «un punto de inflexión» para que las cosas cambien.
En este sentido, los profesionales reclamaron al Gobierno autonómico una dotación presupuestaria «acorde con las necesidades reales de la Atención Primaria, donde el primer nivel asistencial no quede relegado a un segundo plano sin recursos materiales y humanos suficientes», apuntaron. También insistieron en la necesidad de que exista, entre los organismos sanitarios, «una colaboración mutua» para unificar los datos de incidentes que se producen, tanto en el ámbito público como en el privado. «De este modo, estudiando las causas que los generan, conseguiríamos que esta problemática deje de ser una realidad», señalaron.
Así, instaron a los colegiados a notificar los incidentes «independientemente de que no se realicen denuncias policiales» a organismo de referencia. «La institución colegial, desde su asesoría jurídica y a través de su póliza de responsabilidad civil, tiene cobertura que protege y da asistencia jurídica al profesional. El conocimiento y magnitud del problema nos hará abordarlo con rigor y favorecerá que desaparezca», añadieron.
