Los menores no acompañados (menas) atendidos por el Gobierno de Aragón se multiplicó por más de cuatro en un solo año, desde los 49 que tutelaba en diciembre del 2017 a los 223 que eran atendidos el mes pasado. Un incremento del 355% del que el Gobierno de Aragón informó ayer, tras la polémica surgida por el anunciado cierre de un centro de acogida de estos jóvenes en Borja, tras diversos incidentes.
El Ejecutivo autonómico puso en marcha una red de servicios para lograr no solo la acogida, sino la integración social y la transición a una vida independiente. Un programa que comenzó con un contrato programa, dos conciertos sociales y un contrato menor para la creación de una unidad residencial. Esta se dedica a la valoración, acogida e integración social y laboral de menores de 16 a 18 años en dos unidades, de 14 plazas cada una, en centros públicos y que se suman a las plazas de autonomía en centros residenciales de protección, a las de las casas de acogida de Zaragoza y las viviendas hogar de acogida de Huesca y Teruel.
SATURACIÓN
El aumento de llegada de estos menores hizo que, una vez completadas las plazas disponibles, a finales de noviembre, se recurriera a entidades sociales que habitualmente trabajan con estos menores y que disponen de personal y espacios adecuados para gestionar otras 24 plazas de atención inmediata y 18 en una unidad residencial, y en diciembre se habilitó una unidad temporal de emergencia dotada con 20 plazas.
Una de estas entidades profesionales, Os Zagales, es la que se ha visto obligada a buscar una nueva ubicación para los dos pisos tutelados con doce menas que gestionaba en Borja, a raíz de los incidentes protagonizados con la población por dos de ellos desde su llegada el 17 de diciembre y que culminaron el día 24, cuando dejaron encerrada en la vivienda a una cuidadora.
El incidente fue el más grave pero no el único que había ocurrido en la localidad, y finalmente el Gobierno de Aragón decidió suspender el programa y actualmente se está a la espera de reubicar a todos los menores, algo complejo pues no solo se trata de alojamiento sino de escolarización.
MÁS MEDIDAS
El Gobierno de Aragón ha propiciado también, según informó, la creación de un grupo de colaboración interdepartamental para la atención a los menas liderado desde el servicio de Inmigración y vinculado al Programa de Acogida Humanitaria de la DGA.
También ha consolidado un grupo de trabajo interinstitucional del que forman parte el Gobierno de Aragón, la Delegación del Gobierno, Fiscalía de Menores y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha creado un foro de coordinación entre el servicio de Protección de Menores y las entidades gestoras de los programas de atención a menas para garantizar la unidad de acción y evaluar los programas y la detección de necesidades en este ámbito.
Aunque el Gobierno central se comprometió a aportar a Aragón una partida de 400.000 euros de un total de 40 millones, desde el Ejecutivo autonómico se considera que esta aportación debe ser mayor. Para la DGA, no es un problema que deban asumir en exclusiva las autonomías sino que requiere de la intervención del Gobierno central con competencias en Justicia, Extranjería e Interior.
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) atendió en 2018 a un total de 2.404 menores bajo protección, de los que 1.285 pasaron por plazas residenciales, adaptadas a las características de cada uno de ellos, y 189 menores de 6 años han pasado por familias de acogida.
Además, a través del programa de apoyo e intervención familiar el IASS ha atendido a un total de 816 menores que permanecen con sus familias pero bajo supervisión familiar.
