Hace tres años, una menor bajo tutela del Gobierno de Aragón pidió ayuda a Aldeas Infantiles después de que, supuestamente, el padre de la familia que le acogía abusara sexualmente de ella. Las psicólogas forenses dan veracidad a su denuncia y ahora la Fiscalía Provincial de Zaragoza acaba de presentar su escrito de acusación en el que solicita una condena de 11 años.
El ministerio público relata unos hechos que se remontan a septiembre del 2017, después de que la DGA firmara un acuerdo con el acusado, A. H. M. por los que se autorizaban una serie de estancias de la menor con este hombre, con su esposa y sus hijos. No existía voluntad de formalizar un acogimiento propiamente dicho, pero sí la intención de proporcionarle un entorno familiar estable afectivo durante determinados días.
En febrero del 2018 comenzaron los contactos «de índole sexual». Según la acusación, este hombre realizó comentarios a la menor tales como «tú tienes que estar conmigo» y otros soeces en relación a los órganos sexuales de la joven de 15 años o del propio encausado.
«El acusado también aprovechaba cualquier circunstancia para tocar de forma lasciva a la menor utilizando la mínima excusa posible, como retirar del pantalón de la joven los pelos del perro», afirma la Fiscalía que destaca que «un día, cuando la joven acababa de salir de la ducha, estando todavía sin ropa, le pidió que se quitara la toalla». Unos episodios que califica el fiscal de «atosigamiento hacia la niña» y que no quedaron ahí puesto que, al parecer, merodeaba las inmediaciones del centro de Aldeas Infantiles en el que residía cuando no le tocaba ir a la casa de sus padres de acogida.
La acusación de agresión sexual la centra el ministerio público en un episodio en el que A. H. M. habría introducido, presuntamente, los dedos en la vagina de la joven e incluso haberle realizado sexo oral «so pretexto de comprobar un posible embarazo de la chica».
Junto a la pena privativa de libertad, el acusado, defendido por la abogada Carmen Sánchez Herrero, afronta el pago de una indemnización de 12.000 euros y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Las psicólogas forenses del IMLA no solo señalan que el relato de la menor es creíble, sino que añaden que «no evidencia alteraciones cognitivas ni psicopatología que pueda suponer una modificación de su percepción de la realidad». No obstante, señalan que «presenta sintomatología traumática que tuvo origen en malos tratos familiares».
