Desde una perspectiva integral de sus derechos, la defensa de los menores conlleva un enfoque transversal que englobe la situación de la infancia en Aragón en todos los ámbitos donde está presente y que precisa de herramientas y métodos específicos para ello, por lo que he reivindicado para la Institución su reconocimiento como Defensor del Menor y su cobertura legal.
El año 2018 fue un tiempo de tránsito, y así se refleja en el Informe Anual sobre Menores que entregué el pasado día 8 de mayo a la presidenta de las Cortes, puesto que afecta a expedientes y actuaciones que se iniciaron con anterioridad a la incorporación del nuevo equipo. La coordinación de este informe ha corrido a cargo de Andrés Esteban Portero, asesor de la Institución responsable de la materia, y para su elaboración he querido que esa visión transversal de la infancia en Aragón se viera reflejada. Por ello, se ha optado por realizar un enfoque más amplio de la misma, que va más allá de las quejas presentadas en esta Institución, y de la actuación en esta materia del Gobierno de Aragón, a través del Sistema de Atención a la Infancia y Adolescencia en Aragón, (en su vertiente de Protección y Reforma) como se venía contemplando con anterioridad y que son esenciales.
De esta forma, se da visibilidad a otras actuaciones en materia de Infancia que, son también muy importantes: las que se realizan desde las administraciones locales, ayuntamientos y comarcas, desde una perspectiva de prevención, abordaje de situaciones de riesgo, promoción y participación, que son la mejor garantía para impulsar una infancia y juventud protagonista de sus procesos y constructora de una ciudadanía activa.
También, se ha considerado de interés recoger el trabajo que se viene realizando con los niños, niñas y adolescentes aragoneses en los ayuntamientos que tienen la consideración de Ciudades Amigas de la Infancia (Unicef), como un exponente del compromiso de la administración local con nuestros menores. De este Informe podemos destacar en la estadística que se mantiene el mismo número de expedientes incoados que en años anteriores: 59 en total, de los cuales han sido resueltos 51 y se han realizado 7 sugerencias, habiendo sido aceptadas 6 por parte de las administraciones afectadas. En ellos son frecuentes las siguientes problemáticas:
1 Relaciones familiares fruto de procesos conflictivos de separación de los progenitores.
2 Protección y reforma. Por oposición a las medidas adoptadas del sistema de protección (retiradas o situaciones de los menores en centros). Recortes en equipos educativos de menores de 14 años (EMCA) y EMA.
3 Por falta de atención o disconformidad con los recursos para menores con discapacidad. Especialmente cuando la solución pasa por diferentes departamentos (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) Y Atención Temprana.
4Menores extranjeros no acompañados. Un compromiso importante del Gobierno de Aragón, que ha visto cómo se desbordaba el sistema de protección, con el incremento de su llegada pero que ha puesto en marcha dispositivos, y recursos residenciales, profesionales y económicos para hacer frente al mismo y cumplir con la legalidad al respecto. Compromiso que no ha sido correspondido por una parte de la sociedad que ha mostrado su rechazo a la acogida de estos menores.
Sanidad y educación
Otros asuntos comunes, son en materia de las dos grandes áreas de gestión autonómica: la sanidad, donde se abordan entre otros los trastornos de conducta alimentaria y la cobertura de estos por el seguro escolar, la atención bucodental para pacientes con discapacidad intelectual derivada de retraso mental grave, la falta de pediatra en Andorra o la denegación tratamientos enfermedades raras.
En el caso de la gestión educativa, las becas de comedor o el transporte escolar, en zona rural, son protagonistas de la mayor parte de expedientes. Paralelamente, la institución ha llevado a cabo su labor supervisora del sistema de atención a la infancia y adolescencia, de los que se desprenden las siguientes indicaciones para su mejora constante:
Recursos residenciales
Continuar con la puesta en marcha y mejora de centros residenciales para menores en Aragón.
Adoptar las medidas necesarias para evitar situaciones de sobreocupación.
Ajustar más los perfiles de los menores con proyectos residenciales.
Adoptar las medidas necesarias para promover una mayor estabilidad de los menores.
Revisar la ubicación y equipación de algunos de los centros, y realizar cambios.
Coordinación y procedimientos.
Propuestas de mejora en coordinación institucional, interdepartamental y protocolos.
Cumplir la legislación sobre información tanto a las familias como a los menores
Sistematizar la escucha y participación de los menores en el sistema protección.
Recursos humanos
Una mayor dotación de recursos humanos para una atención más individualizada.
Continuar con la incorporación de la figura de mediadores interculturales.
Ampliar los planes de formación continua para los profesionales.
Establecer medidas para subsanar el déficit de educadores especializados.
Valorar constituir Equipos profesionales Multidisciplinares dentro del centro residencial.
Acogimientos familiares.
Seguir potenciando los acogimientos de los menores en familia extensa o ajena, (de 1.200 expedientes, 405 están en centro residenciales).
Impulsar del plan de acogimientos familiares en Aragón.
Potenciar el acogimiento familiar de menores extranjeros no acompañados.
Menores extranjeros
no acompañados
Seguir con el compromiso de acogimiento y atención integral.
Continuar la coordinación interadministrativa, y con las entidades colaboradoras.
Sistematizar y ampliar la recogida de datos sobre las intervenciones con los menores
extranjeros no acompañados y sus resultados.
Promover los cambios legales necesarios para facilitar su incorporación efectiva al mercado laboral de los jóvenes extutelados, para hacer efectiva su integración social.
En definitiva, creo que dicho informe puede y debe servir como herramienta para conocer a nuestros aragoneses más jóvenes que representan el futuro de todos nosotros como sociedad.
A fondo
