El ingreso mínimo vital (IMV) aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez se presenta como la salvación para muchos, como un balón de oxígeno que suavizará el impacto de la crisis del coronavirus en el bolsillo de 850.000 familias de España. La fecha de ayer, 15 de junio, seguro que estaba marcada en rojo en el calendario de más de uno, día elegido para comenzar su tramitación.

Pero las prisas no son buenas y ayer se evidenció que poner en marcha el proceso de solicitud de una ayuda de este calibre sin haber terminado de definir cómo se hará no ha sido la mejor idea porque solo ha conseguido que se genere una gran confusión.

Ayer muchos desconocían a qué servicio debían llamar para presentar la solicitud: el ayuntamiento, los servicios sociales del Gobierno autonómico o la Seguridad Social. Por ahora solo es está última la que tiene competencias para hacerlo, pero sus oficinas siguen cerradas así que la única vía para iniciar el proceso de solicitud era hacerlo a través de su página web, que sufrió colapsos puntuales.

De hecho, la Delegación del Gobierno de Aragón decía ayer que «la forma más sencilla» para pedir la ayuda era hacerlo a través de la web, sin tener en cuenta la brecha digital que existe. Para los menos habilidosos se ha habilitado un número de teléfono para resolver dudas además de un simulador donde los ciudadanos pueden comprobar si cumplen los requisitos.

Dudas

Las dudas son tales que desde el Colegio de Trabajadores Sociales recomiendan que se tenga paciencia y que se pospongan las peticiones unos días, hasta que se haya aclarado el proceso. Esto no afectará a la cuantía porque todas las solicitudes presentadas hasta el 15 de septiembre, en caso de ser aprobadas, tendrán efectos económicos desde el 1 de junio del 2020.

Mientras, en el Gobierno de Aragón respiran tranquilos porque no tienen responsabilidad alguna sobre la tramitación del IMV, que depende de la Seguridad Social. Y en el Ayuntamiento de Zaragoza tiemblan por el colapso que dicen que se va a crear en los centros municipales de los servicios sociales, que hoy vuelven a abrir sus puertas (aunque solo se podrá acudir con cita previa) y donde ya están sobrepasados por la cantidad de llamadas para solicitar información que reciben cada día, entre 200 y 300. Eso si finalmente son los que se encargan de su gestión.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, no se cansa de repetir que el Estado tiene que dotar de fondos a los entes locales para poder reforzar sus equipos, los que esperan una «avalancha» de peticiones de ayudas de urgente necesidad.

El consistorio zaragozano calcula que para la gestión de esta ayuda necesitaría tres millones de euros y un equipo de 40 personas que no están disponibles actualmente y que de no ser contratadas podrían ocasiones problemas ya no solo en la gestión del ingreso mínimo vital, sino en todas las ayudas que gestionan los centros municipales, como el Ingreso Aragonés de Inserción Social (IAI) que se reformulará para llegar donde no lo hace el IMV y que destinará la cuantía presupuestada que no se gaste a un programa de inclusión.

La preocupación de Azcón la comparten los trabajadores sociales que ayer se reunieron con la titular del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, y el gerente del IASS, Joaquín Santos. Entraron con una idea y un temor y salieron con la tranquilidad de que el peso de la tramitación no debe por qué recaer en ellos.

Según explicaron desde la consejería, no hay que olvidar que se trata de una prestación de la seguridad social que no requiere de una evaluación de trabajadores sociales, como si sucede con otras como el IAI, ya que los perceptores solo deben demostrar que cumplen con los requisitos. Es decir, que el perfil para su tramitación puede ser únicamente administrativo. De hecho, de la propia ley del IMV se desprende que no tienen por qué ser trabajadores sociales, además de que se puede contratar personal extra para su gestión.

Por otro lado, y a falta de que todo se clarifique, Podemos anunció ayer que presentará una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para proponer que todos aquellos que perciban el IMV puedan viajar gratis en el transporte público. Se trataría de una medida para fomentar su uso en la que se solicita la gratuidad hasta los 14 años.