La mesa técnica para la modificación del ICA terminó ayer su trabajo y acordó el documento que remitirá al Gobierno de Aragón, al que dieron ayer el visto bueno por unanimidad los asistentes a la última reunión, en la que no participaron dos de los colectivos más críticos con este impuesto, como son la Unión de Consumidores de Aragón ni la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), así como el Ayuntamiento de Zaragoza.

La RAPA había anunciado ehoras antes que abandonaba este foro hasta que el Gobierno de Javier Lambán presente un documento sobre el que trabajar realmente, ya que hasta ahora ha sido una «farsa» con la que el Gobierno únicamente ha querido «cubrir el expediente» sin intención alguna de negociar y quiere cerrar con un documento para el acuerdo lleno de generalidades, que uno de los portavoces, José Ángel Oliván, tachó de «hoja parroquial de la depuración».

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, les instó a no levantarse de la mesa, porque es la peor forma de negociar, y la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, recordó que en la reunión del pasado 22 de febrero se había alcanzado un preacuerdo. Añadió que en la sesión anterior se apreció «un elevado consenso» en torno a las mismas y se ofreció a los participantes la posibilidad de que pidieran mayor concreción o pudieran formular matices, algo que no se ha producido --tampoco por parte de la RAPA-- por lo que «era de esperar que en la reunión de hoy (por ayer) hubiera unanimidad como ha habido», dijo.

«Están todos convocados, todos han podido manifestar su discrepancia y nadie la ha manifestado”, insistió Torrralba respecto a la ausencia en el encuentro de la Rapa o la UCA o del Ayuntamiento de Zaragoza, que no ha estado presente en ninguna de las reuniones.

Con este documento, que contiene diez líneas generales, el Gobierno de Aragón tiene que elaborar un proyecto de ley en materia tributaria, que Torralba prevé que pueda estar en el plazo de «cuatro o cinco meses», antes de que comience el trámite parlamentario. Según Torralba, el documento fija la búsqueda de simplicidad, de una mayor eficiencia de los servicios públicos del agua, que haya progresividad, que las figuras que se regulen procuren un incentivo al uso racional de los recursos, que se considere el uso del agua en el ámbito de los hogares, que no se penalice a los hogares con más habitantes, ni a los usos empresariales. Se basa en el principio de equidad, de solidaridad y de corresponsabilidad y recoge también el principio de que «quien contamina paga» y la recuperación de costes, ha resumido Torralba.

Con respecto al pago del ICA, indicó que aproximadamente son unos 80.000 los contribuyentes que no se han dado por notificados y que han contabilizado hasta la fecha unos 30.000 recursos. Desde la FAMC, su secretario general, Martín Nicolás, valoró que el documento recoge «los principios generales que una imposición de estas características debe tener».