El Movimiento hacia un Estado Laico (Mhuel) ha pedido hoy información acerca de los inmuebles que la Iglesia Católica ha registrado a su nombre en Aragón desde 1998, cuando se modificó la ley hipotecaria para permitir que los párrocos y obispos pudieran inmatricular bienes destinados al culto.

El presidente de esta plataforma, Jorge García, ha comparecido hoy ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes para informar sobre las "polémicas inmatriculaciones (registrar una finca por primera vez) de edificios por parte de la Iglesia Católica" de las que la asociación ha tenido conocimiento a través de sus investigaciones registrales.

Antes de comparecer, García ha explicado en rueda de prensa que el "problema" de las inmatriculaciones deriva en "expolios legales" que "no están del todo claros".

La ley hipotecaria de 1946, ha relatado, facultaba a los eclesiásticos (obispos y arzobispos) a inscribir bienes de dominio público en el registro sin esgrimir ningún título de propiedad, ya que se les concedía la potestad de ser "fedatarios públicos".

En 1998 el gobierno de José María Aznar, ha agregado García, amplió esta potestad a los bienes de culto, que caducó con una ley del actual gobierno promulgada en julio de 2015.

Mhuel quiere conocer cuántos bienes inmuebles se han registrado en Aragón al amparo de estas leyes, aunque ya tienen conocimiento de que la Iglesia registró a su nombre sin acreditar la propiedad, incluso antes de que la modificación de la ley de 1946 lo permitiera, edificios en Zaragoza como la Seo, la iglesia de La Magdalena o San Juan de los Panetes, o la catedral de Jaca.

La plataforma, que sospecha que estos privilegios que se otorgaron a los eclesiásticos son "inconstitucionales", quiere saber exactamente cuántos edificios estarían en esta situación en Aragón, comunidad que "tiene derecho" a saber cuántos bienes han sido inmatriculados por las diócesis de la comunidad desde 1978.

Este "privilegio", ha agregado Jorge García, ha llevado por ejemplo al Ayuntamiento de Jaca a tener que reconocer a la catedral de la localidad, que data del siglo XI, como "obra nueva" ante la falta de documentación aportada por el Obispado.