El Tribunal de Cuentas ha detectado que los hospitales de titularidad pública, entre ellos el Miguel Servet de Zaragoza, no cumplen los requerimientos legales en las contrataciones de los ensayos clínicos, ni las condiciones éticas que se requieren antes de probar la efectividad de un fármaco en un paciente. El informe, aprobado el 27 de enero, se realizó sobre una muestra de quince centros del Sistema Nacional de Salud.

La fiscalización, realizada sobre contrataciones celebradas o en vigor en 1999 y 2000, ha detectado que cada hospital sigue un modelo diferente de contrato, apreciándose una "falta de coordinación" en la definición de aspectos jurídicos, administrativos, económicos y financieros.

Además, advierte de que, en la mayoría de los casos, los contratos no contemplan el establecimiento de compensaciones económicas a los pacientes. Pero es que en ninguno de los quince centros han quedado acreditados la totalidad de los requisitos preceptivos previos a la realización de un ensayo clínico. Concretamente, en todos ellos "han existido omisiones de informes" de los comités éticos de investigación clínica, autorizaciones de la Agencia Española del Medicamento, o de la acreditación del seguro obligatorio.

En cuanto a la gestión económica de los ensayos, aprecia igualmente "importantes omisiones" en la ejecución de los procedimientos de facturación e ingreso. Así, la mayoría han incluido, entre los conceptos facturados a los promotores, cantidades con distintas denominaciones: coste indirecto total estimado, gastos diversos, gastos de farmacia o gastos de tramitación y estudio del ensayo global, entre otras.

LOS PAGOS A MEDICOS Por todo ello, el Tribunal de Cuentas señala que las autoridades sanitarias "deben extremar los controles" en los ingresos que perciben los médicos que participan en los ensayos clínicos "para evitar que en algunos casos pudieran vulnerar la prohibición de ingresos atípicos".

En la misma línea, insiste en que los hospitales públicos deben velar por que los ensayos clínicos cumplan con todos los requisitos legales y asegurar que cuenten con los informes éticos preceptivos, la autorización de la Agencia Española del Medicamento, y un seguro obligatorio.