El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) va a licitar un contrato para la conservación y explotación de las carreteras que pertenecen al Estado en Aragón. Será hoy cuando el Consejo de Ministros del Gobierno de España autorice al ministerio que dirige José Luis Ábalos para realizar la operación, que está valorada en 86,8 millones de euros.

El sector de carreteras que quedará bajo la tutela del adjudicatario será el de la autopista AP-2, desde Alfajarín hasta el límite entre las provincias de Huesca y Lérida. Esta vía rápida se va a liberalizar a partir de septiembre, por lo que pasará a gestionarse por el Estado y no ya desde la iniciativa privada. Fruto de esta liberalización es por lo que se produce este contrato, ya que el Gobierno de España tiene que ser ahora quien se encargue de mantener en buen estado este tramo de autovía aunque sea a través de una licitación.

Asimismo, el Mitma también va a integrar todos los sectores que integran la AP-2, que va desde Zaragoza hasta El Vendrell. Seis de estos sectores están en Cataluña, mientras que el séptimo es el mencionado entre Pina de Ebro y la frontera de la comunidad y que suma un total de 102 kilómetros. En el contrato, el Ministerio de Transportes también incluye la gestión de tres áreas de servicio en la comunidad, que son las de Pina de Ebro, Monegros y Fraga.

Según ha podido conocer este diario, el Gobierno de España va a establecer un nuevo modelo de conservación que, defiende el Ejecutivo, redundará en una mejor calidad en el servicio al usuario mientras, al mismo tiempo, se optimizan los recursos públicos. En el contrato se van a incluir actuaciones tales como: asegurarse que la carretera y todos sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de vialidad y seguridad; vigilar y atender los accidentes y problemas que puedan surgir en la vía; ocuparse de que los vehículos puedan circular en invierno si las condiciones para la conducción empeoran; controlar los túneles y las comunicaciones; inventariar los elementos de la autovía y mantener una agenda con información sobre el estado de la carretera; mantener los elementos de la carretera con los niveles de calidad idóneos; proyectar posibles obras para mejorar la funcionalidad de la vía; y explotar las áreas de servicio existentes.

Fue el pasado 9 de marzo cuando el ministro Ábalos confirmó que la autopista entre Zaragoza y El Vendrell dejará de ser de pago a partir del mes de septiembre, puesto que la concesión finaliza el 31 de agosto y no se va a renovar. Junto a la AP-2, la AP-7 entre Tarragona y La Junquera también se va a liberalizar por el mismo motivo.

Una demanda histórica

«Son 474 kilómetros de autopista y más de 13 millones de vehículos que van a dejar de pagar 500 millones de euros cada año por su uso», indicó Ábalos entonces en una comparecencia en el Senado, en la que se congratuló de que la red viaria vaya a ser ahora «mucho más equitativa, igualitaria y justa entre usuarios y territorios».

En ese momento, y a preguntas realizadas por parte del senador del grupo Esquerra Republicana-EH Bildu, Jordi Martí, el titular de Transportes admitió que el «debate» en estos momentos está en ver cómo se van a financiar estas vías, y reconoció que el Gobierno catalán ya le ha hecho llegar su posición al respecto. Ahora, con la licitación del mantenimiento de la AP-2 se da un paso más en este sentido.

En Aragón, la liberalización de esta vía rápida era una reivindicación muy demandada desde hace tiempo. Previsiblemente, al convertirse en gratuita, muchos usuarios optarán por la AP-2 en vez de por la N-II, que solo el pasado año se cobró cinco vidas y en el último lustro supera la veintena. Los pueblos de la ribera baja del Ebro llevan años denunciando la alta siniestralidad de la carretera y exigiendo su desdoblamiento.

Por otro lado, la liberalización de la autopista contribuirá al ahorro de alrededor de un millón de euros en bonificaciones de peaje en esta vía entre septiembre y diciembre, según los datos aportados hace unos meses desde la dirección general de Carreteras del Gobierno de Aragón