El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha convocado una subasta pública para la enajenación de once silos ubicados en Aragón, que forman parte su red básica de almacenamiento público. Seis están en la provincia de Zaragoza, cuatro en Huesca y uno en Teruel. En total, suman un valor de tasación de 1.839.415,7 euros.

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la resolución por la que se convoca la subasta pública, que tendrá lugar en Madrid, en el salón de actos de la sede del FEGA, el próximo 15 de abril, por el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado. El periodo para la presentación de las mismas finalizará el 31 de marzo.

La Delegación del Gobierno de España en Aragón explicó que en la provincia de Huesca salen a subasta cuatro lotes de unidades de almacenamiento: en Barbastro, el silo de la carretera de Salas, con un valor de tasación de 485.483,43 euros; en Binéfar, el de la calle Zaragoza, por 300.940,85 euros; en Grañén, el que está en la Ronda de Aragón, por 184.745,44; y en Monzón, el ubicado en la calle de Huesca, por 159.194,77 euros.

En Teruel se subasta la unidad de almacenamiento de Santa Eulalia, sita en la Partida Carra Alba, a la que se accede desde carretera TE-V-9026, con un valor de tasación de 160.234,21 euros.

En Zaragoza son seis los silos que se van a subastar, uno de ellos, el de Biota, en la carretera de la Estación, en el barrio de la Magdalena, con un valor de tasación de 97.090,24 euros, y otro en Daroca, en la carretera N-234 Burgos-Sagunto, por 93.158,50 euros.

Además, se subastará el silo que hay en el municipio de Luna, en la carretera A-1103, por 117.546,21 euros; el de La Almolda, en el kilómetro 41 de la carretera A-230, por 53.957,57 euros; el de Used, en la calle Mesón B, 15, por 102.925,99 euros; y el de Casetas, situado en el Camino de Utebo, por un valor de tasación de 84.137,48 euros.

Los silos de Aragón, junto a los de Madrid, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Andalucía, han sido desafectados mediante las órdenes ministeriales del 2014 y el 2016, al no considerarse necesarios para su uso público, al tiempo que se ha procedido a la depuración jurídica y física de cada inmueble y a su tasación.

La subasta se regirá por un pliego de condiciones particulares, que puede consultar en la sede del FEGA y en su web www.fega.es. Para participar en ella será necesario, entre otros requisitos, constituir una garantía por el 5% del precio de tasación. Se prevé la celebración de hasta cuatro subastas para cada silo, con un porcentaje de reducción del precio de salida de una subasta a otra.

Los adjudicatarios tendrán la posibilidad de aplazar hasta 10 años el pago, en cuyo caso el primero de los pagos será de al menos el diez por ciento del precio de adjudicación. El anuncio de estas subastas también se publicará en el boletín oficial de cada provincia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento de cada localidad donde se encuentran los silos.

Pese a las facilidades de pago que da el Ministerio de Agricultura desde hace años, la realidad marca que poca gente está interesada en estos almacenes, que en más de una ocasión encuentran dificultades para encontrar adjudicatario. No hay más que comprobar que los silos de Barbastro, Binéfar, Monzón, Casetas, Luna o Used ya fueron sacados a subasta en noviembre del 2016. Su precio ha ido bajando con los años, claro está, pero no es fácil encontrar un comprador. El de Barbastro sin ir más lejos, que hoy está en cerca del medio millón, salió a subasta por el doble hace cinco años.

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) no desiste en su empeño de que estos almacenes dejen de ser propiedad del Estado y pasen a ser dueños de particulares. Sin embargo, el sector agrario no muestra un gran interés en la adquisición de estos edificios que comenzaron a levantarse durante la guerra civil por la imprevisión de las cosechas de cereal tremendamente variables y la desorganización del mercado del trigo. Dejaron de ser necesarios en 1986 con la incorporación de España a la Comunidad Europea y ahora la mayoría está obsoleta y necesita una gran inversión de unas cooperativas que cuentan con naves modernas y ventiladas.