Punto final a la polémica por la reforma de los partidos judiciales. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, confirmó ayer a los representantes de todas las comunidades autónomas que acudieron a la reunión sectorial en Madrid que, como ya sucedió con la reforma de la ley del aborto, renuncia a uno de los proyectos más polémicos de su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón. "Todo el mundo puede estar muy tranquilo, porque no se van a cerrar sedes judiciales", confirmó el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.
Los territorios afectados por la despoblación y la dispersión geográfica, como Aragón, no verán pues reducidas las cabeceras de partido, ni los juzgados de paz. Bermúdez de Castro señaló que "hay otro talante" y aparentemente mayor "diálogo y consenso" del que existía.
La directora general de Justicia de la DGA, Tomasa Hernández, destacó que el ministro sí pretende acelerar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, decimonónica. No pondrá la instrucción en manos de la Fiscalía, pero sí acortará los plazos de la instrucción --con menos recursos-- y actualizará las normas sobre medios de prueba, como las escuchas telefónicas.
