La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA) estudia denunciar ante la Comisión Europea el "continuo" aporte de fondos públicos que realiza el Gobierno aragonés a la sociedad Aramón para la gestión y desarrollo del sector de la nieve en la comunidad.

Así lo aseguró la asociación Naturaleza Rural, integrada en la PDMA, en un comunicado en el que afirma que el plan urbanístico elaborado para el valle de Castanesa y vinculado al proyecto de ampliación de la estación de Cerler es un "zombi jurídico" tras su anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Para la plataforma, las ayudas del Ejecutivo aragonés a Aramón se enmarcan en la figura jurídica de ayudas de Estado, práctica, según esta organización, "prohibida por la normativa comunitaria y perseguida por la Unión Europea".

Tras señalar que la Ciudad de la Luz de Valencia fue obligada a devolver todos los fondos recibidos del Gobierno valenciano, la PDMA incide en la necesidad de "reorientar" el modelo de desarrollo del Pirineo y el "ruinoso planteamiento del negocio del esquí".

En relación con la reciente resolución del TSJA, Naturaleza Rural lamenta la decisión del Gobierno aragonés de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.