La situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza dio ayer una nueva vuelta de tuerca en sus aspiraciones de salir adelante y mirar al futuro. El Ministerio de Hacienda, responsable de que la capital aragonesa haya tenido que computar en su contabilidad los 189 millones de euros de la deuda del tranvía y, con ello, vetarle la posibilidad de captar más préstamos hace casi un año, ayer se ofrecía a ayudar al consistorio. Y lo hacía un día antes de que este solicite, hoy, los 35 millones de euros del Fondo de Impulso Económico estatal (FIE) para pagar sentencias condenatorias. Estos, además, serán 8 más de los que le permitía pedir el plan municipal de reducción de deuda para llegar a final de año con un nivel de endeudamiento del 109,9%, por debajo del 110% legal, y mientras no lo haga seguirá vigente el veto del Gobierno central.

Así podría resumirse el intercambio de valoraciones entre el ayuntamiento y la titular de Hacienda en el Gobierno central, la ministra en funciones María Jesús Montero, que quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a Zaragoza por los problemas financieros del Gobierno municipal PP-Cs aunque, al mismo tiempo, apeló a su responsabilidad para cumplir los objetivos de consolidación fiscal.

«Por una parte, llamo al cumplimiento» de los objetivos marcados y, por otra, «tiendo la mano para cualquier necesidad o cuestión que desde el Gobierno de España podamos apoyar», manifestó en un encuentro con la prensa en la sede de su departamento. Montero recordó que «el Gobierno (central) está aquí para ayudar e intentar cumplir con compromisos de consolidación fiscal» pero, añadió, para que los recursos se dirijan a dar las prestaciones necesarias a los ciudadanos, «todos tenemos una tarea» que realizar en relación con la consolidación fiscal.

La ministra hizo hincapié en que este año ha sido atípico por la confluencia de varios procesos electorales, pero destacó que eso hace precisamente que ahora haya que impulsar el cumplimiento de objetivos y «ajustar las cuentas». «Todos tenemos que ser responsables públicos» y cumplir unos objetivos asignados «que no son un brindis al sol, sino realidades numéricas que tenemos que cumplir», dijo. Y cualquier previsible desviación del objetivo será notificada por Hacienda junto a medidas correctoras «con nuestro apoyo y ayuda permanentemente» y con «la tranquilidad de que nadie se va a quedar sin prestar los servicios».

«Lo mejor que puede hacer por Zaragoza es concedernos el préstamo del FIE estatal para abonar las sentencias condenatorias cuanto antes y que estas no generen intereses de demora», respondió la responsable de Hacienda en el ayuntamiento, María Navarro, quien defendió nuevamente que el cómputo de la deuda del tranvía era una cuestión meramente «técnica» y, en este sentido, no hay nada que reprochar. Otras ciudades han seguido el mismo camino que Zaragoza y han tenido que adaptarse.

Pero la situación financiera del ayuntamiento zaragozano va más allá de esas sentencias condenatorias. Lo peor, como ya apuntó Navarro en una reciente entrevista a este diario, está por llegar, con las revisiones de precios de las contratas que ya se encuentran en vía administrativa. Solo una de esas empresas, FCC, ya ha reclamado al consistorio el pago de «32 millones de euros». Y si se suma a las sentencias que podrían producirse en breve, probablemente el agujero económico al que haya que hacer frente supere holgadamente los 50 millones de euros. Pero mientras no sean firmes, no pueden cubrirse con ese FIE estatal.