La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha lanzado este miércoles un mensaje de tranquilidad a las autoridades de Zaragoza por los problemas financieros del gobierno municipal aunque, al mismo tiempo, ha apelado a su responsabilidad para cumplir los objetivos de consolidación fiscal.
"Por una parte, llamo al cumplimiento" de los objetivos marcados y, por otra, "tiendo la mano para cualquier necesidad o cuestión que desde el Gobierno de España podamos apoyar", ha dicho la ministra en un encuentro con la prensa en la sede de su departamento.
Montero ha recordado que "el gobierno está aquí para ayudar e intentar cumplir con compromisos de consolidación fiscal" pero, ha añadido, para que los recursos se dirijan a dar las prestaciones necesarias a los ciudadanos, "todos tenemos una tarea" que realizar en relación con la consolidación fiscal.
Tras recordar que este año ha sido atípico por la confluencia de varios procesos electorales, Montero ha destacado que eso hace precisamente que ahora haya que impulsar el cumplimiento de objetivos y "ajustar las cuentas".
"Todos tenemos que ser responsables públicos" y cumplir unos objetivos asignados "que no son un brindis al sol, sino realidades numéricas que tenemos que cumplir", ha dicho.
Según la ministra, las administraciones que tienen una previsible desviación del objetivo han recibido la notificación de Hacienda para que produzcan las tareas correctoras "con nuestro apoyo y ayuda permanentemente" y con "la tranquilidad de que nadie se va a quedar sin prestar los servicios".
Su mensaje se produce después de que salieran a la luz los graves problemas financieros de Zaragoza por 35 millones de euros de sentencias judiciales pendientes de pago, por los que el Gobierno municipal del PP y Ciudadanos culpa a los últimos dieciséis años de Ejecutivos de izquierdas.
Las sentencias del Tribunal Supremo, que provienen de los años comprendidos entre 2009 y 2013, suman 35 millones pendientes de pago (7 millones pertenecen a intereses de demora) y condenan al Ayuntamiento en más de 63 millones por las revisiones de precios de las contratas de Avanza (de autobuses urbanos) y FCC.
