La morosidad en las comunidades de propietarios se situará entre el 40 y el 45%, según calcula el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón (CAF). Una cifra causada por las consecuencias económicas de la pandemia de covid-19, que podría aumentar de cara al mes de marzo.

Según los datos oficiales del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAE), antes de la pandemia, el 35% de las fincas tenía algún deudor. «Aunque hemos cerrado cuentas en las comunidades, informando sobre la situación económica a los vecinos, al no hacer juntas tampoco podemos contabilizar el total de los impagos que hay actualmente, pero ha aumentado», explica Miguel Ruiz, presidente de CAF Aragón y tesorero del CGCAE.

Desde el colegio han notado que ha habido un mayor número de recibos de comunidad pendientes. «Pero es lógico porque mucha gente está en erte o en el paro, hay negocios que no se han podido abrir», dice. Por lo que las necesidades personales y familiares se anteponen al pago a la comunidad.

A los problemas cotidianos, como la rotura de la calefacción o el ascensor, se añaden otros derivados de esta situación de crisis. Al inicio de la pandemia, se dieron casos de desinfección de las zonas comunes por casos de coronavirus dentro de la comunidad. Durante el verano, tuvieron que hacer frente al reglamento para el uso de zonas comunes, como la apertura de las piscinas. Y en la actualidad, sufren la imposibilidad de realizar las juntas de propietarios.

Muchas comunidades llevan desde el mes de marzo sin hacer junta de vecinos dado el riesgo que suponen, «porque una reunión puede ser un foco de contagio», indica Ruiz. "En lo que afecta a las reuniones de las comunidades de propietarios se sigue manteniendo lo establecido hasta el momento en el escenario de la alerta 3 en el que nos encontramos, por lo tanto las juntas de propietarios solo se permiten de forma telemática, debido a que no nos encontramos ante una reunión social sino profesional. La Ley de propiedad horizontal no contempla las reuniones telemáticas, y al no haberse legislado al respeto, no pueden celebrarse las mismas, debido a que la ley en su artículo 15 manifiesta que la asistencia a la junta será de forma presencial o por representación, por lo que no puede celebrarse juntas de propietarios", explica Ruiz.

Gastos extra

En el caso del presidente de CAF Aragón, solo ha celebrado una reunión, y se hizo tomando la temperatura a los asistentes, disponiendo de gel hidroalcohólico y anotando el nombre y el teléfono para contactar en caso de que hubiera un contagio, además de comunicarlo al resto de vecinos y a Sanidad.

Esta situación provoca que «nadie quiera hacer reuniones», y hay cargos de presidente que deberían haberse renovado en marzo o abril y todavía continúan. «Sin las juntas no se puede realizar la renovación de cargos porque la ley de propiedad horizontal dice que las reuniones tienen que ser presenciales o en su defecto con representación», apunta. Cuando ocurre algo extraordinario, el administrador y el presidente, según determina la ley, tiene la obligación de solucionar el problema y después comunicarlo a los vecinos. «Hay personas que llevan más de un año o casi dos de presidentes y como es normal todo el mundo se cansa», explica Ruiz.

En cuanto al gasto, este no se ha reducido, sigue siendo el mismo, señala. Y se ha llevado a cabo la prórroga de presupuestos.

Dado el aumento de devolución de recibos de comunidad por parte de los propietarios, las comunidades lo están asumiendo y, por ejemplo, entre las que Ruiz administra, no se ha terminado en ningún caso en el juzgado ni se les ha reclamado.

Los gastos extra que ha generado la pandemia en las cuentas de las comunidades de vecinos en Aragón no han sido muy elevados. «Las comunidades afortunadamente tenían remanente y lo han ido asumiendo», aseguran desde el Colegio de Administradores de Fincas. Por ejemplo, si han tenido que hacer desinfecciones en el inmueble, el coste se sitúa en torno a los 500 euros, una cantidad que no es excesiva, señalan.